En la reciente Comisión de Asuntos Generales del Parlamento de Castilla-La Mancha, se alcanzó un acuerdo significativo entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Popular en relación al Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. De las 20 enmiendas presentadas por el PP, se han transado 10, las cuales se integrarán al proyecto que está listo para su discusión en el pleno. Esta decisión refleja un esfuerzo colaborativo entre las dos formaciones en un ámbito donde la eficiencia administrativa es crucial.
Durante la sesión, el PP también presentó 16 enmiendas que fueron rechazadas, aunque permanecen abiertas para un debate en la sesión plenaria. Un aspecto destacado del acuerdo es que, antes de establecer Entidades Colaboradoras, se analizará la capacidad de recursos humanos de cada departamento para asegurar que se cumplen los objetivos de esta nueva normativa. Esto podría incluir la reestructuración de la Relación de Puestos de Trabajo si fuera necesario.
Además, se acordó la creación de un «Canal Empresa» que permitirá a las empresas presentar sugerencias para mejorar la simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas. Este canal también facilitará a las empresas plantear dudas sobre la aplicación de normas en procedimientos administrativos.
El portavoz del PP, Santiago Serrano, expresó su agradecimiento al PSOE por la disposición mostrada en este proceso, destacando la importancia de que la auditoría de simplificación sea explicada en las Cortes y se reduzcan los plazos de autorización y revisión de procedimientos administrativos. Sin embargo, enfatizó que el PP no está dando un «cheque en blanco» y mantendrá una vigilancia estricta sobre la implementación de la normativa.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Tomás Godoy, aplaudió el consenso alcanzado, argumentando que las leyes que surgen de acuerdos políticos tienden a ofrecer mayor seguridad jurídica y a perdurar más en el tiempo. Godoy señaló la dificultad de llegar a un entendimiento con Vox, mencionando que sus enmiendas han estado marcadas por la demagogia.
Vox, que presentó 16 enmiendas parciales y una enmienda a la totalidad, criticó duramente el proceso y el contenido de la norma, afirmando que se trata de una «privatización encubierta» de los servicios públicos que complicará aún más la burocracia. Su portavoz, Luis Juan Blázquez, afirmó que la ley fue impuesta sin un diálogo real con los ciudadanos y abogó por la eliminación de la comisión prevista en la norma, proponiendo en su lugar un plan de simplificación administrativa autenticado en un plazo de seis meses.
Ante este panorama, el debate en el pleno se espera sea intenso, con posturas firmes tanto a favor como en contra del contenido de la ley y las enmiendas propuestas. Las decisiones que se tomen en esta cuestión podrían tener un impacto significativo en el funcionamiento de la administración regional y en la relación de esta con los ciudadanos y las empresas.
