En un tenso debate llevado a cabo el jueves en las Cortes regionales, las alegaciones a las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura generaron división entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, tras un período de desacuerdo, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lograron alcanzar un acuerdo histórico sobre la gestión del agua, con ambas resoluciones aprobadas por la mayoría de los diputados presentes.
La resolución del PP, respaldada por 28 votos a favor y cuatro abstenciones, reafirma su total apoyo al pacto establecido en el Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua del 9 de diciembre de 2020. Este acuerdo se considera vital para la salvaguarda de los intereses de la región. La demanda por parte del PP destaca la urgencia de adecuar las alegaciones del Acueducto Tajo-Segura a los principios del Pacto Regional del Agua y subraya la importancia de una participación activa de los municipios más afectados por la actual gestión del trasvase.
Además, el grupo parlamentario del PP ha expresado que es «urgente» la creación de un pacto nacional sobre el tema del agua, enfatizando que las decisiones sobre los recursos hídricos deben incluir una participación preponderante y consensuada de todas las regiones implicadas.
Por su parte, el PSOE también vio su resolución aprobada con 28 votos a favor y cuatro votos en contra. Su propuesta incluye la participación en el proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con un llamado a la revisión de las actuales normativas del trasvase, los socialistas abogan por el rediseño de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y recalculando el desembalse de referencia para proteger tanto el río como los embalses de cabecera.
El PSOE, apoyado por el PP en una enmienda transaccionada, urgieron al Gobierno regional a consultar a los alcaldes de la comunidad en la Mesa del Agua cuando se inicie el proceso de información pública del Ministerio.
Mientras tanto, la resolución propuesta por Vox fue desestimada. Dicha propuesta planteaba la necesidad de diseñar y aplicar un nuevo plan nacional de agua, con un enfoque en la solidaridad y el bien común para garantizar el suministro del recurso.
El debate estuvo marcado por intervenciones críticas por parte del diputado de Vox, David Moreno, quien acusó al PSOE de no presentar soluciones reales y al Gobierno regional de deficiencias en la gestión del agua. En contraparte, la diputada del PP Carolina Agudo enfatizó que el agua es un tema de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y reprochó al PSOE por querer apropiarse de la lucha por este recurso esencial.
El presidente regional del PP, Paco Núñez, defendió su posición sobre garantizar el agua para el sostenimiento de Castilla-La Mancha y las necesidades hídricas de todos sus habitantes, apuntando a la falta de acción por parte del gobierno de García-Page en cumplir con el Pacto Regional por el Agua.
Desde el PSOE, Fernando Mora argumentó que traían un espíritu de consenso al pleno y defendió las alegaciones que los socialistas pretendían presentar, que incluyen exigencias para el cumplimiento de los caudales ecológicos y defender los intereses de la cuenca del Tajo frente a las demandas de las regiones receptoras del trasvase.
