En un importante desarrollo legislativo, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado el dictamen del Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital, también conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Esta aprobación marca un paso clave para que el proyecto avance al pleno después de ser respaldado mediante la votación de diversas enmiendas presentadas por los grupos políticos.
Una enmienda relevante, y que contó con el apoyo conjunto del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), incide directamente en el financiamiento de las organizaciones políticas, estableciendo nuevos parámetros para las subvenciones electorales. Según esta modificación, se concederán 15.228 euros por cada escaño obtenido y 73 céntimos de euro por voto obtenido en la circunscripción de cada candidatura que haya conseguido por lo menos un escaño.
Además, las subvenciones por el envío de sobres y papeletas o de propaganda electoral se establecen en 33 céntimos de euro por elector para las candidaturas que hayan alcanzado representación parlamentaria. Para estas actividades, la cantidad subvencionada no se contará dentro del límite establecido en la legislación, siempre y cuando se justifique la realización de la actividad correspondiente.
También se revisa el límite de gastos electorales para los grupos políticos, fijándolo en 47 céntimos de euro por habitante en las circunscripciones donde presenten candidatura.
Durante la Comisión de Asuntos Generales se debatieron 35 enmiendas propuestas (nueve del PSOE, 24 del PP, y una de Vox), resultando en la aprobación de todas las enmiendas socialistas y la conjunta de PP y PSOE. Las enmiendas restantes presentadas por PP y Vox fueron rechazadas.
En los debates, el diputado de Vox, Francisco José Cobo, expresó su descontento hacia el proyecto, aludiendo a una duplicidad administrativa que considera innecesaria en la región, y cuestionando la pertinencia de proceder a la creación de la Agencia de Transformación Digital en el contexto actual de austeridad económica.
Por su parte, del PP, el diputado Santiago Serrano calificó el proyecto de ley como una «ley ómnibus», acusando al Gobierno regional de introducir modificaciones legislativas de manera subrepticia. Criticó los diferentes aspectos de la ley, incluyendo el canon de agua y los cambios propuestos en la legislación sobre propiedad agraria.
El diputado socialista Fernando Mora rebatió las críticas de Vox, haciendo hincapié en que la comunidad autónoma no posee competencias en justicia, y defendió la Agencia de Transformación Digital como una entidad dedicada exclusivamente a Castilla-La Mancha, sin que implique redundancia o costos adicionales. Además, justificó la reanudación del canon de agua y confrontó las afirmaciones del PP sobre la gestión de la Ley de Agricultura Familiar y la posible reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Mora también prometió corregir errores menores en la redacción de la ley sobre caza si es necesario.
El ambiente en las Cortes castellanomanchegas se ha caracterizado por negociaciones tensas y declaraciones audaces durante estos debates, poniendo de manifiesto las diferentes visiones de los grupos políticos sobre la dirección futura de la región en temas políticos, agrícolas y medioambientales. Los grupos han acordado mantener las enmiendas para su discusión en el pleno, con Fernando Mora designado como ponente para la próxima sesión. La discusión legislativa y la transformación digital en la región quedan así en un punto decisivo que sin duda afectará el futuro político y administrativo de Castilla-La Mancha.
