En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, se ha llegado a un acuerdo entre el PSOE y el PP para que el Tercer Sector sea el encargado de decidir qué personas del ámbito de la discapacidad formarán parte del Consejo Social de la Universidad. Este pacto se concretó durante la elaboración del Informe sobre el Proyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que quedaron a debate en el pleno un total de siete enmiendas presentadas por Vox, las cuales no contaron con el apoyo de ninguno de los dos principales partidos.
De las tres enmiendas presentadas por el PP, dos fueron aceptadas y se incorporaron al dictamen, mientras que la tercera, que hacía referencia a las funciones de la Presidencia del Consejo Social, fue retirada. Uno de los compromisos incluye asegurar la presencia de personas con discapacidad en la composición del Consejo, integrado por 21 miembros, para reflejar la pluralidad del entorno social de la región. La diputada popular María José Gil destacó la importancia de incluir a personas con discapacidad en este órgano: «Nos parece que este órgano también tiene que dar respuesta a todo ello».
La otra enmienda aceptada propone la creación de una Comisión Ejecutiva que represente los intereses sociales del Consejo Social, algo que anteriormente no existía. Gil enfatizó que sus propuestas estaban abiertas al consenso con el objetivo de mejorar el proyecto y fortalecer la relación entre la universidad y la sociedad.
Sin embargo, el representante de Vox, Luis Juan Blázquez, criticó la norma por las observaciones realizadas por el Consejo Consultivo, argumentando que la propuesta incrementa la burocracia y no establece criterios claros para la captación de fondos. Además, cuestionó la falta de medidas concretas para mejorar el vínculo entre la universidad y la sociedad, y propuso reducir el número de miembros del Consejo Social, así como suprimir las retribuciones asignadas, salvo por compensaciones por gastos.
Por parte del PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy agradeció la voluntad de acuerdo del PP y expresó su apertura a aceptar algunas de las enmiendas presentadas por Vox en el pleno. Godoy insistió en que el consenso es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. No obstante, defendió la importancia de que los miembros del Consejo Social asuman una responsabilidad significativa, ya que podrían ser responsables con su patrimonio en caso de problemas jurídicos.
La nueva Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se está tramitando, busca modernizar sus competencias, promoviendo un órgano más dinámico que se enfoque en las relaciones con su entorno, en la captación de fondos y en el fortalecimiento de la conexión con los estudiantes. La normativa también prevé aumentar el número de miembros del Consejo de 19 a 21, introduciendo perfiles con experiencia en inclusión y economía social. Además, se destaca un enfoque de género, buscando una representación equilibrada entre hombres y mujeres y mejorando la transparencia y rendición de cuentas dentro del Consejo.
