En un notable consenso entre los partidos políticos PSOE, PP y Vox, se ha hecho eco de las demandas del colectivo de abogados y procuradores mutualistas, quienes buscan una mejora en su protección social y la gestión de sus aportaciones a través del sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha han acordado, antes de la votación, atender a estas reivindicaciones durante el pleno llevado a cabo el jueves.
El debate surgió mediante proposiciones del PSOE y del PP, las cuales instan al gobierno regional a solicitar al gobierno central una mejora en la situación de estos colectivos profesionales. Entre las peticiones específicas, estos profesionales del derecho demandan transferir sus aportaciones a la Seguridad Social si así lo desean, evitar la equiparación tributaria de sus contribuciones a mutualidades con planes de pensiones complementarios y mejorar las condiciones de sus jubilaciones.
Desde el Grupo Parlamentario Vox, Luis Juan Blázquez criticó la situación actual, tildándola de «injusta» y enfatizando que los mutualistas se enfrentan a aportaciones «cautivas» que no pueden ser recuperadas hasta el momento de la jubilación. Igualmente, planteó la comparación de las prestaciones de jubilación de mutualistas, que a menudo ascienden a alrededor de 300 euros mensuales, con las prestaciones de un ciudadano extranjero en circunstancias específicas, como un ejemplo de desigualdad que requiere atención.
Por otra parte, Tania Andicoberry, representante del PP, reconoció la demanda como un asunto «de sentido común y justicia», enfatizando que la cuestión afecta a miles de profesionales que no perciben la protección social adecuada. Andicoberry destacó las dificultades y la escasez de cobertura social que enfrentan los mutualistas en su día a día profesional.
Finalmente, Ana Isabel Abengózar del Grupo Parlamentario Socialista ha celebrado el acuerdo alcanzado en estas reivindicaciones, al tiempo que marcó distancia de los comentarios realizados por el miembro de Vox respecto a los trabajadores extranjeros, mostrando acuerdo unánimemente con la resolución propuesta.
El cierre del debate corrió a cargo de Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, quien ratificó el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha a la justa demanda de los abogados y procuradores mutualistas. Destacó el sentido común de la petición y felicitó al colectivo por conseguir una óptima sinergia entre las distintas fuerzas políticas en un tema de relevancia social.