La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha respaldado la iniciativa de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, enfocada en los regantes de la Región de Murcia. Según Abengózar, la medida propuesta contempla subvencionar el agua desalada durante un periodo de diez años. Este anuncio se alinea con las reiteradas sentencias judiciales favorables a Castilla-La Mancha en la defensa de sus recursos hídricos y en contra del trasvase Tajo-Segura.
Abengózar ha declarado que esta propuesta representa un respaldo a la demanda castellanomanchega de fomentar el completo uso de las plantas desalinizadoras en la zona del Levante, y ha instado al Gobierno de España a persistir en esta dirección. La vocera destaca que, aunque Castilla-La Mancha no dispone de desaladoras, la comunidad ha luchado persistentemente por asegurar agua de calidad y en cantidad suficiente. La posición de Abengózar se refuerza ante la perspectiva de ver implementadas acciones que propendan a la mejor utilización de las infraestructuras de desalación disponibles.
Paralelamente, Abengózar ha hecho una evaluación respecto al desempeño del PP y Vox al cumplirse el primer aniversario de la formación de los gobierno locales y provinciales donde participan. Según la portavoz socialista, la gestión de dichos partidos se reduce a una práctica de políticas que contradicen sus promesas electorales: la instauración de recortes y el incremento de los impuestos. Abengózar subraya que donde el PP y Vox gobiernan en colaboración, se han evidenciado aumentos impositivos, reducción de servicios públicos y de derechos y libertades de los ciudadanos.
La política socialista ha señalado que en ciertas circunscripciones locales se perciben más las políticas de la ultraderecha que las conservadoras. Además, ha mostrado su consternación ante lo que califica de comportamientos controvertidos por parte de las administraciones de estos partidos, citando ejemplos como la supuesta utilización de recursos municipales para beneficios partidistas y la presencia de individuos con sentencias judiciales por delitos en las instituciones.
