El grupo socialista en el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava se alegra de que el equipo de Gobierno “haya pasado de llamarnos alarmistas, a darse cuenta y reconocer los problemas de seguridad del municipio, por lo que se va a convocar un Pleno extraordinario para abordar el asunto”.
La idea de que se pueda aprobar un Protocolo de seguridad, satisface a los concejales socialistas, quienes han reiterado en diversas ocasiones, desde hace meses, la necesidad de que se convocara dicho pleno extraordinario, para intentar evitar que se produzcan episodios desagradables como la última oleada de robos.
Tras tender la mano desde hace un año, al equipo de gobierno, con el que se buscaba trabajar en conjunto, al equipo socialista le alegra que se intente llegar a un acuerdo, así como “ser útil” para la población, y espera que sean tomadas en cuenta algunas de las medidas que los concejales del PSOE llevan proponiendo, tales como el aumento de plazas de policía local, la ampliación de las cámaras de seguridad, garantizar turnos nocturnos de la policía, mejorar el equipamiento de la agrupación local de protección civil, o mejoras de alumbrado público, entre otras cuestiones.
“Vamos a pedir, ya que en la propuesta de protocolo no se recoge, que se cree una mesa por la seguridad en la que esté presente toda la corporación municipal; así como una mesa de diálogo con las entidades financieras que son propietarias de viviendas”, manifiesta el Portavoz socialista, Luis Hornero.
Precisamente sobre esta última propuesta, y ante la problemática de la ocupación de viviendas, se ha enmarcado la reunión que el grupo socialista ha llevado a cabo con los diputados nacionales del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Miguel González y Cristina López.
Ambos parlamentarios nacionales trasladaban a los concejales socialistas de Pozuelo que el PSOE liderará el impulso de los cambios legales necesarios para combatir la ocupación ilegal de viviendas, lo que pasaría igualmente por aumentar el número de efectivos de seguridad.
Todos los asistentes a la reunión, coincidían en que se trata de “un problema serio” ya que los efectivos de seguridad, debido a la ley, tienen una actuación limitada, y por otro lado “se producen meses de demora entre los actos delictivos y las actuaciones que se pueden acometer”, lamentaban.
