El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha alzado la voz en demanda de coherencia a los gobiernos protrasvasistas de PP y Vox en la Comunidad Valenciana y Aragón. En este sentido, ha instado a que defiendan para Castilla-La Mancha la misma posición que ahora solicitan para sus propios territorios ante las demandas de recursos hídricos de Cataluña para afrontar su sequía.
Bellido ha expresado estas declaraciones en el municipio guadalajareño de Retiendas, en el marco de la Fiesta de la Botarga de La Candelaria, junto al embalse de El Vado que regula la Comunidad de Madrid.
El líder socialista se ha mostrado sorprendido por la postura adoptada por los gobiernos de Aragón y Valencia, ambos del PP y Vox, quienes han pedido constantemente más trasvases del Tajo al Segura, pero que ahora se oponen a que llegue agua del Ebro a Cataluña en Aragón, o que únicamente permiten el envío de agua desalada y para consumo humano, pero no para fines económicos.
Ante esta situación, Bellido ha solicitado coherencia a los gobiernos de estos territorios, instándolos a no secar a Castilla-La Mancha. Asimismo, ha recalcado la importancia de que si los criterios de estos gobiernos son válidos para sus propios territorios, también lo sean para Castilla-La Mancha, o que nunca lo sean. En resumen, ha pedido que lo que solicitan para ellos mismos también se aplique a su región.
El secretario general del PSOE de Guadalajara ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido históricamente solidaria, pero que el gobierno de Emiliano García-Page siempre ha defendido el mismo criterio con gobiernos del PP y del PSOE en La Moncloa. Es decir, si el agua de su región, que tanto necesitan, es requerida para consumo humano, la ofrecen sin restricción; sin embargo, si se trata de fines económicos, considera que primero debe beneficiar a Castilla-La Mancha.
En definitiva, Pablo Bellido ha instado a la coherencia y a la solidaridad entre las distintas regiones en cuanto a la utilización del recurso hídrico, con la firme convicción de que se debe garantizar el acceso a este recurso tan vital para la vida, pero también para el desarrollo económico de las diferentes comunidades autónomas.
