En un debate general realizado en las Cortes de Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha abogado por la creación de un «fondo transitorio» que sirva para equiparar temporalmente a aquellas comunidades autónomas que están sufriendo una infrafinanciación bajo el modelo económico vigente. Ruiz Molina subrayó la urgencia de que el gobierno central y las comunidades autónomas dialoguen sobre una «reestructuración de la deuda ajusta» que sea justa para cada región.
Ruiz Molina no ha escatimado en detallar las gestiones previas del Gobierno castellanomanchego, recordando que, aunque se llegaron a presentar hasta 40 propuestas, hasta la fecha no se ha dado respuesta ni acción alguna por parte del Gobierno nacional. Reiteró que en septiembre de 2019 ya se había logrado la unanimidad en el Parlamento regional en una resolución que solicitaba un modelo de financiación más justo, y mencionó acuerdos previos entre gobiernos de distintos partidos, como el PP, destacando las declaraciones conjuntas en Zaragoza (2018) y Santiago de Compostela (2021).
El consejero ha resaltado la necesidad de financiar «el coste efectivo» de los servicios y adaptar el diseño de la población ajustada para garantizar la igualdad de trato entre comunidades. Además, sugiere otorgar más competencias fiscales a las comunidades autónomas y, a su vez, la implementación de un fondo específico para zonas despobladas junto con una «armonización fiscal» a nivel interterritorial para prevenir la competencia fiscal desleal.
Asimismo, Ruiz Molina también reclama que cualquier nueva normativa estatal tenga asignada una forma de compensación hacia las comunidades, ya sea para apoyar gastos o para cubrir posibles pérdidas monetarias. El consejero ha enfatizado que todas estas medidas se deberían negociar dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, rechazando las negociaciones bilaterales que pudieran estar beneficiando de forma desigual a ciertos territorios, como Cataluña.
Por otro lado, el diputado de Vox, Luis Blázquez, ha defendido la necesidad de reestructurar las «estructuras autonómicas», abogando por una recentralización de competencias. Según Blázquez, la descentralización política ha incrementado el gasto público ineficiente, llamando a poner el Estado al servicio de todos los españoles en igualdad de condiciones, sin importar el territorio.
Por parte del PP, la secretaria general Carolina Agudo resaltó que Castilla-La Mancha «pierde mil euros cada año» debido al actual modelo financiero, acusando a los diputados del PSOE de favorecer a Cataluña con miras políticas. Agudo acusó al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, de no realizar las acciones necesarias para mitigar esta disparidad.
Representando al PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy insistió en que el actual modelo no es adecuado y se mostró abierto a perdonar parte de la deuda de las comunidades siempre que esta sea causada por la infrafinanciación y los estragos económicos. Godoy respaldó la idea de una necesaria «armonización fiscal» y propuso un nuevo modelo financiero nacional donde se contemplen variables como la dispersión territorial, la superficie, la renta y la estructura demográfica.
La propuesta presentada por el PSOE fue aprobada con los votos de la mayoría absoluta, mientras que las posiciones del PP y Vox no lograron el apoyo necesario. Los debates y reclamaciones en el contexto de la financiación autonómica continúan siendo un punto crítico en las agendas políticas de las comunidades afectadas.
