Toledo, 4 de abril de 2024.- En una iniciativa para fortalecer la financiación autonómica y asegurar la prestación de servicios públicos esenciales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha remitido una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En ella se expone una propuesta que busca un compromiso estatal para que las decisiones del Ejecutivo nacional, que impliquen incrementos de gasto o reducciones de ingresos, no perjudiquen la capacidad financiera de las comunidades autónomas.
Dicho compromiso fue objeto de una carta firmada por García-Page durante una ceremonia en el Palacio de Fuensalida, ante la presencia del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. Posteriormente, en rueda de prensa, Ruiz Molina enfatizó la necesidad de garantizar el «principio de lealtad institucional» entre las administraciones y asegurar que las medidas implementadas por el Gobierno nacional no impongan sobrecostes a las comunidades en el Sistema de Financiación Autonómica.
Ruiz Molina citó ejemplos de decisiones estatales que, en el caso de Castilla-La Mancha, han producido una disminución de alrededor de 280 millones de euros en la capacidad financiera autonómica. Las reducciones en el IVA y el Impuesto Especial de Electricidad, por un lado, y los aumentos en los gastos de atención a personas con discapacidad, mayores y enseñanza universitaria, por el otro, han impactado significativamente a las arcas de la comunidad.
El consejero explicó que esta propuesta busca prevenir que políticas clave del Estado del Bienestar, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, se vean amenazadas por decisiones que afecten negativamente la financiación autonómica. Además, subrayó la necesidad de que el acuerdo estatal sea parte del nuevo modelo de financiación autonómica que se discuta.
La carta de García-Page incluye un borrador destinado a cimentar las discusiones en la próxima Conferencia de Presidentes. Se busca con esto una estrategia coordinada y solidaria que, si bien reconoce el impacto positivo de las medidas del Gobierno central en la ciudadanía, también enfatiza la importancia de solventar las implicaciones negativas de dichas medidas en la financiación de las autonomías.
