En un movimiento significativo hacia la restricción del gasto público, el presidente de Estados Unidos ha ordenado la eliminación del Federal Executive Institute (FEI), una institución creada hace más de 50 años con el objetivo de ofrecer formación en liderazgo a funcionarios públicos. Esta decisión, anunciada oficialmente en un comunicado emitido desde la Casa Blanca, refleja una política de su administración centrada en el uso responsable de los recursos fiscales y en la búsqueda de prioridades unificadoras que promuevan una América más fuerte y segura.
El FEI, establecido durante la presidencia de Lyndon B. Johnson, ha sido objeto de críticas por su papel en la perpetuación de políticas que, según el presidente actual, han contribuido a una creciente desconexión entre la burocracia y las necesidades de las familias estadounidenses. El argumento central de la eliminación es que la formación proporcionada por el FEI ha servido más para reforzar la clase gerencial de Washington que para cumplir efectivamente con las expectativas y necesidades de los ciudadanos.
El anuncio destaca que la política de esta administración se compromete a descontinuar programas gubernamentales que no beneficien directamente al pueblo estadounidense. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por reducir la burocracia y realinear el enfoque del gobierno hacia la competencia y el compromiso con la Constitución estadounidense, en lugar de servir a un entramado burocrático que se ha vuelto autónomo.
El Director de la Oficina de Gestión de Personal será el encargado de llevar a cabo la disolución del FEI, asegurándose de que se realice de acuerdo con la ley vigente. Además, todos los documentos ejecutivos anteriores que establecían la existencia del FEI han sido revocados, marcando un punto final a medio siglo de una estructura institucional que muchos consideran obsoleta.
Aunque esta orden tiene la intención de ser implementada dentro de los límites de la ley y los recursos disponibles, también establece que no se debe interpretar como una concesión de derechos o beneficios que puedan ser exigidos por ningún individuo o entidad. Con este paso, la administración busca enviar un mensaje claro sobre su postura hacia el gasto público y la necesidad de una gestión gubernamental más eficiente y centrada en las necesidades de la ciudadanía.
El anuncio, realizado el 10 de febrero de 2025, pone de manifiesto las prioridades actuales del gobierno de EE. UU., en un contexto en el que la rendición de cuentas financiera y la eficiencia están en el centro del debate político. Los próximos meses mostrará cómo se implementará esta medida y qué impacto tendrá en la estructura administrativa federal.
Fuente: WhiteHouse.gov
