En un reciente encuentro entre José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, y Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, se ha reavivado la petición española para que el euskera, el gallego y el catalán sean admitidos en el uso parlamentario y se reconozcan como lenguas cooficiales de la Unión Europea. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos del gobierno de Pedro Sánchez no han logrado materializarse en avances concretos.
La reiteración de esta solicitud se enmarca dentro de las promesas hechas por el Ejecutivo español, que incluso se incluyeron en el acuerdo de diálogo entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat de Cataluña en julio de 2022. Este acuerdo planteaba que el español solicitara a la Eurocámara la consideración del catalán, entre otras lenguas, para su uso en plenos y otros procedimientos parlamentarios. A este fin, se presentaría un documento técnico y financiero detallado, buscando apoyo suficiente para su implementación antes de finalizar el año.
Albares se ha comprometido a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr este reconocimiento lingüístico, destacando la distinción entre la solicitud de oficialidad de estas lenguas en la UE y su uso administrativo en el Parlamento Europeo. Además, se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la cámara para evaluar el impacto financiero y logístico de incorporar nuevas lenguas, un documento que se espera desde septiembre.
La postura del ministro insiste en la continuidad de acuerdos administrativos previos que permitían ciertos usos lingüísticos sin controversias. No obstante, el contexto político exhibe tensiones, especialmente con las recientes declaraciones de Carles Puigdemont sobre los compromisos entre el PSOE y Junts.
El principal obstáculo para la oficialidad de estas lenguas a nivel europeo radica en la necesidad de unanimidad en el Consejo de Asuntos Generales, un consenso lejano dada la reluctancia de algunos Estados miembro y la saturación de la agenda diplomática con otros temas. Este escenario muestra la complejidad de expandir el reconocimiento lingüístico en la UE, pese a la insistencia y las estrategias diplomáticas desplegadas por España.
