La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publicó hoy la orden sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales para el año 2024, según informó el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). La principal prioridad del presupuesto será la protección de las personas más vulnerables, así como el impulso continuo de la actividad económica y el empleo.
La orden, firmada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, establece la clasificación orgánica, una vez que se desarrolle reglamentariamente la estructura orgánica y definan las competencias de los distintos departamentos que componen la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la persona titular de la Dirección General competente en materia de Presupuestos.
En cuanto a las cuentas para el próximo ejercicio, seguirán pivotando sobre la priorización de aquellas políticas de gasto más próximas a la ciudadanía, para mantener y potenciar una red de servicios y prestaciones públicas de calidad que ofrezcan protección a las personas más vulnerables. También se prestará atención a las necesidades del tejido productivo y a la contribución al sustento e impulso continuo de la actividad económica y el empleo.
La orden regula el ámbito institucional, los criterios generales para presupuestar, el contenido básico, las estructuras presupuestarias y el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2024. Además, se especifica que contendrá los estados de ingresos, los estados de gastos y los estados financieros de las empresas y fundaciones públicas y de los consorcios que formen parte del sector público regional.
Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el próximo ejercicio se integrarán dentro del Marco Presupuestario 2024-2026, que se elaborará conforme a la legislación en materia de estabilidad presupuestaria, así como en su normativa de desarrollo. Asimismo, las cuentas incluirán como enfoques transversales de análisis el impacto de género, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el impacto en la infancia y el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas establece como uno de los criterios generales de elaboración de los presupuestos regionales dar prioridad, conforme a las directrices que marque el Consejo de Gobierno, a aquellas políticas de gasto dirigidas a dar cobertura a los servicios públicos fundamentales y a atender las necesidades del tejido productivo.
Otros criterios serán el impulso de actuaciones de mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios, la austeridad en el funcionamiento de todos los órganos, organismos y entidades, tanto administrativas como instrumentales, y la cobertura, en materia de subvenciones e inversiones reales, de los gastos plurianuales comprometidos, respetando los derechos adquiridos que se deriven de los mismos. También se dará prioridad a las actuaciones cofinanciadas por otras Administraciones públicas o por la Unión Europea, adecuando el gasto a la correcta ejecución y seguimiento de los ingresos públicos.
