Prevista para 2025 la Aprobación de la Nueva Ley de Simplificación Administrativa en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha prevé aprobar la futura Ley de Simplificación Administrativa en 2025

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en sus esfuerzos por simplificar los trámites administrativos y tiene como horizonte la aprobación de dos leyes clave: la Ley de Simplificación Administrativa y la Ley de Proyectos Estratégicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, anunció que se espera que la primera se apruebe en 2025 tras su presentación y tramitación en las Cortes regionales a finales de este año o principios del año próximo, tras los pertinentes procesos de participación.

Martínez Guijarro hizo estas declaraciones en el marco del III Foro Económico de El Español ‘Castilla-La Mancha. Futuro, innovación y sostenibilidad’, que tuvo lugar en Toledo. En este encuentro se destacó la relevancia de ambas legislaciones en el proceso hacia una mayor eficiencia administrativa, no solo beneficiando al ámbito empresarial, sino también a la ciudadanía.

La futura Ley de Simplificación Administrativa tiene como uno de sus objetivos fundamentales el revisar los silencios administrativos y, en general, establecer un criterio positivo ante ellos. Además, se propone la eliminación de licencias y autorizaciones innecesarias, sustituyéndolas por declaraciones responsables que faciliten y agilicen la puesta en marcha de actividades.

Como innovación destacable, la Ley contemplará la introducción de ‘Entidades Colaboradoras’, acreditadas por la Comunidad Autónoma, para que asistan tanto a empresas como a ciudadanos en la preparación y tramitación de expedientes, propiciando de este modo una mayor velocidad en los procesos.

Dentro de los avances tecnológicos incluirá el desarrollo del ‘Espacio Ciudadano’, un ambiente digital que abrirá las puertas a los servicios del Gobierno regional de una manera ágil y sencilla, evitando gestiones en formato físico. Además, se prevé la utilización de Inteligencia Artificial para anticiparse a las necesidades de la población, ofreciendo proactivamente prestaciones, ayudas y servicios basándose en los requisitos cumplidos por los ciudadanos, que la Administración podrá gestionar con autorización previa.

Estas medidas buscan consolidar una Administración más efectiva y proactiva que responda a las exigencias de modernización y de un servicio público más accesible para los habitantes de Castilla-La Mancha.

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