En un movimiento destinado a transformar la cultura de contratación en el gobierno federal, el presidente Donald J. Trump ha firmado un Memorando Presidencial que busca poner fin a la nepotismo y fomentar un proceso más transparente y responsable. Esta nueva política, que será efectiva hasta el 15 de octubre de 2025, establece que muchas contrataciones federales deberán contar con la aprobación de los líderes designados por el presidente, buscando así fortalecer la rendición de cuentas dentro de la administración pública.
La medida estipula que las posiciones vacantes no podrán ser ocupadas sin el consentimiento de la alta dirección de cada agencia, con algunas excepciones en áreas críticas como la seguridad nacional y la salud pública. Esto incluye roles esenciales como personal médico del Departamento de Asuntos de Veteranos y inspectores de seguridad alimentaria, reflejando una necesidad apremiante de garantizar que las funciones vitales del gobierno sigan operativas sin interrupción.
Además de la rendición de cuentas, esta política se enmarca en un esfuerzo más amplio por promover la responsabilidad fiscal. Según datos recientes, durante los últimos dos años de la administración Biden, el gobierno fue responsable de la creación de más de uno de cada cuatro nuevos empleos. Con este contexto, Trump ha manifestado su intención de revertir esta tendencia, priorizando el crecimiento en el sector privado y garantizando que la contratación federal esté alineada con las prioridades de la administración.
La reforma del aparato burocrático estadounidense es una promesa central que Trump ha hecho a sus votantes. La administración ha criticado la ineficiencia gubernamental y el despilfarro de recursos, subrayando que miles de millones se desperdician en programas duplicados y gastos frívolos que no responden a las necesidades de la población. De cara a esto, se han implementado iniciativas para eliminar programas ineficaces y reducir la sobrecarga burocrática.
Entre las reformas notables lanzadas por la administración se encuentra la iniciativa de desregulación 10 a 1, que asegura que cada nueva norma esté justificada por beneficios claros, así como programas de salida voluntaria para empleados federales, incentivando a quienes deseen dejar sus puestos.
A través de estas medidas, la administración Trump busca no solo restaurar la eficiencia en el gobierno, sino también devolver el enfoque al servicio público, asegurando que las decisiones de contratación se alineen con los intereses y valores de los ciudadanos. Estos esfuerzos reflejan un compromiso hacia una gestión más responsable, donde la voz del liderazgo político prevalezca en la toma de decisiones laborales dentro del gobierno federal.
Fuente: WhiteHouse.gov
