Este miércoles, el presidente y administrador único de García-Carrión, José García-Carrión Jordán, comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en calidad de investigado por su presunta implicación en la comercialización irregular de vinos bajo las denominaciones crianza, reserva y gran reserva de la bodega. Según la acusación, los vinos concernidos no habrían cumplido con los requisitos exigidos ni en el tiempo de envejecimiento ni en el periodo de permanencia en barricas de roble.
El próximo 29 de abril, Félix Solís Yáñez, consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís, seguirá los pasos de García-Carrión y se presentará también ante la justicia para declarar como investigado. El juzgado lleva adelante una investigación por delito de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental conforme a un auto emitido en octubre de 2023, difundido por Europa Press, que originalmente fijaba las comparecencias en diciembre pero que fueron modificadas posteriormente.
Las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, además, están siendo procesadas como personas jurídicas ya que el juez considera que, basado en indicios, podrían haber operado como cooperadores necesarios en los delitos investigados.
La investigación se remonta a abril de 2021, cuando la Fiscalía presentó una denuncia que fue admitida a trámite por el magistrado. La acusación sostiene que las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas, junto con sus administradores, comercializaron vinos que no cumplían con las normativas requeridas de crianza.
Tras el examen de los documentos pertinentes, el magistrado decidió el sobreseimiento provisional para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, excluyéndolas de las actividades ilícitas. En cambio, las pruebas presentadas señalan que Félix Solís habría comercializado cantidades de vino con las menciones específicas en volúmenes muy superiores a los declarados al Consejo Regulador de la DOP Valdepeñas. Estas ventas habrían tenido lugar entre 2017 y 2019.
En cuanto a García-Carrión, la documentación revela que también podrían haber comercializado vinos tintos sin cumplir con los requerimientos necesarios, destacando una discordancia entre los vinos declarados como aptos y los comercializados, identificando una discrepancia de más de seis millones de litros durante el periodo de 2017 a 2019.
El procedimiento judicial involucra igualmente a las certificadoras mencionadas por la emisión de certificados de aptitud presuntamente sabiendo que los datos en ellos no se correspondían con la realidad, lo cual los convierte en cooperadores necesarios para la comisión de los delitos investigados.
