José García-Carrión Jordán, presidente y administrador único de la bodega García-Carrión, compareció ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en calidad de investigado, sosteniendo que las operaciones de su bodega son regulares y que cumple con todas las normativas aplicables al etiquetado y venta de sus vinos de crianza, reserva y gran reserva. Fuentes jurídicas le confirmaron a Europa Press que en la declaración, que forma parte de la investigación por la presunta comercialización indebida de vinos, García-Carrión negó cualquier irregularidad.
Durante las dos horas que duró su intervención ante el juez, el representante de la bodega respondió a todas las preguntas y aseguró que presentará más pruebas para demostrar la legalidad de los procesos de su empresa. La defensa del empresario alegó que las cantidades de vino objeto de discrepancia son resultado del excedente generado por la compra de otra bodega en el pasado, y mostró su desacuerdo con el informe policial que cuestionaba este punto.
Extrañamente, la compañía es investigada en este asunto pese a ser quien realizó las denuncias originales en 2019 para erradicar las prácticas irregulares en la región vitivinícola de Valdepeñas, Ciudad Real. Y, de hecho, su implicación en el proceso como investigado resulta paradójico considerando que García-Carrión ha promovido una correcta etiquetación dentro del Consejo Regulador de la zona.
Tras la declaración de García-Carrión, el próximo 29 de abril será el turno de Félix Solís Yáñez, consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís, quienes han expresado en un comunicado que ofrecerán «información clave» para esclarecer los hechos.
En octubre de 2023, se citó a ambos representantes en calidad de investigados por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. Además, las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria están incluidas en el procedimiento como posibles cooperadores necesarios de los presuntos delitos.
El Juzgado Central de Instrucción Número 4 tomó la decisión de admitir la denuncia de la Fiscalía en abril de 2021 que acusaba a varias bodegas de la Denominación de Origen Protegida Valdepeñas de comercializar indebidamente vinos que no cumplían con los estándares de calidad establecidos. Aunque más adelante se dictó un sobreseimiento provisional para las bodegas Navarro López y Fernando Castro y sus representantes, en el caso de García Carrión y Félix Solís, la investigación prosigue tras detectarse discrepancias en la documentación que sugiere irregularidades en la comercialización de los vinos con menciones de calidad superior.
