El cierre parcial de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia, específicamente el tramo entre Tarancón y Utiel, decidido por el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, ha enfrentado fuertes críticas de distintos sectores y ha derivado en la presentación de demandas contencioso-administrativas ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Comisiones Obreras (CCOO), Ecologistas en Acción y Izquierda Unida, que ya habían anunciado sus recursos judiciales en julio tras agotar la vía administrativa, han formalizado estas demandas el 7 de diciembre.
En una nota de prensa conjunta, las organizaciones denunciaron la falta de justificación para la clausura de la línea, calificándola como un acto «injustificado hasta el punto de rozar una escena de cine ‘berlanguiano’, pero del malo». Argumentan que la decisión contradice la perspectiva global de favorecer el tren como medio de transporte clave en la lucha contra el cambio climático y los gases de efecto invernadero. Además, sugieren que intereses inmobiliarios podrían estar detrás del deseo de liberar espacios ferroviarios valiosos en el centro de la ciudad, ignorando el bienestar público.
Las organizaciones critican que la medida supone un acto antidemocrático y una violación del derecho de participación ciudadana consagrado en la Constitución. También se argumenta que la decisión discrimina contra aquellos que no pueden conducir por edad, salud o razones económicas, y que ignora las realidades de los pueblos afectados por la despoblación en España.
Advierten que casi 180,000 ciudadanos se ven directamente afectados por esta medida, cifra que ascendería a cinco millones al considerar la población en ambos extremos de la línea que conecta la primera y tercera capitales de España. Según las organizaciones, esto representa la pérdida de una opción de movilidad significativa, segura y sostenible para una vasta área del territorio.
Alentados por la admisión de una medida de suspensión cautelar de la clausura por parte del Tribunal Supremo, las organizaciones ven esto como una victoria parcial y mantienen «grandes esperanzas en que se haga justicia». Subrayan la importancia de preservar el patrimonio ciudadano y el cumplimiento de las formalidades legales, recordando el deber de las administraciones de respetar las leyes.
Las organizaciones recurrentes esperan, con estos recursos, abrir camino para revertir lo que consideran una «malísima decisión política» y tomar el camino correcto con la participación e inclusión ciudadana desde el inicio.
