El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la presentación de la Ley de Universidades en el curso 2025-2026, la cual buscará fortalecer las relaciones entre las universidades y la región. Este anuncio se dio tras la firma de convenios para la realización de prácticas en los centros del Sescam con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá.
En sus declaraciones, García-Page destacó la importancia de garantizar la prestación de servicios educativos y sanitarios, señalando que estos no pueden medirse solo por criterios de rentabilidad. Asimismo, hizo referencia a los desafíos que enfrenta el mundo universitario, incluyendo la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual consideró difícil de asimilar en su implementación.
El presidente agradeció a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por sus esfuerzos en la financiación del gasto universitario, aunque reiteró la necesidad de seguir reclamando el 100% de la financiación como un asunto de justicia.
El convenio firmado permitirá a los estudiantes realizar prácticas en áreas distintas a las ciencias de la salud en centros sanitarios del Sescam. Se espera que cerca de un centenar de estudiantes de diversas disciplinas sean beneficiados en este primer año. Además, se planea ampliar las oportunidades de prácticas para los egresados en distintos campus de la región, con el objetivo de retener el talento y la formación en Castilla-La Mancha.
En otro tema relacionado, García-Page adelantó que el Consejo de Gobierno aprobará un decreto para el establecimiento del currículo de Bachillerato en la región, destacando una nueva opción centrada en la formación sobre la Unión Europea para el curso 2024-2025.
Finalmente, el presidente mencionó la participación de varios presidentes autonómicos en Bruselas el 18 de abril, con la intención de abogar por la permeabilidad de la Unión Europea y la atención a las necesidades del campo español, en particular el de Castilla-La Mancha. Además, adelantó que la Ley de Universidades 2025-2026 establecerá los parámetros mínimos para la docencia universitaria privada, garantizando la calidad académica, científica e investigadora.
