El Fiscal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha expresado su preocupación por la lentitud en la justicia y la evolución de algunos delitos en la región. Durante su presentación ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernández destacó que una justicia lenta no es justa.
En este sentido, señaló que la respuesta lenta no es exclusiva de Castilla-La Mancha y está provocando la dilación en los procedimientos, en ocasiones de muchos años. En 2022, se señalaron 18.000 juicios, pero más de la mitad fueron suspendidos.
Fernández hizo hincapié en la necesidad de mejorar aspectos para reducir la demora en los procesos, como el aumento de personal y la reducción de la suspensión de procedimientos. En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 89 fiscales, lejos de las necesidades judiciales que fija la fiscalía en 105 fiscales.
Además de los problemas estructurales, Fernández destacó la preocupante evolución de los delitos contra la libertad sexual en la región. En el año 2022, dos tercios de los sumarios ordinarios incoados fueron por delitos contra la libertad sexual de menores.
Otro aspecto que preocupa al Fiscal Superior es el incremento de la violencia de género en 2022. Destacó indicadores como la apertura de más de 2.000 Diligencias Previas relacionadas con este tipo de delitos.
En cuanto a otros tipos delictivos, Fernández señaló un incremento de los delitos relacionados con el patrimonio, así como el aumento de la ciberdelincuencia y las estafas.
Fuera del ámbito penal, el Fiscal Superior expresó su preocupación por el aumento de la siniestralidad laboral y el acoso escolar. Destacó la importancia de aumentar los medios de la Inspección de Trabajo y de poner en marcha protocolos anti acoso sin necesidad de una denuncia previa.
En cuanto a la actividad normativa, Fernández mencionó cuatro instrumentos normativos elaborados por la Fiscalía en 2022, relacionados con la recepción de refugiados, la protección de datos, la coordinación de las Fuerzas de Seguridad con la Fiscalía y la protección de las personas en los procedimientos derivados de la pandemia de Covid-19.
Tras la intervención del Fiscal Superior, los distintos grupos parlamentarios valoraron la presentación de la Memoria. Vox destacó la necesidad de una justicia ágil y con medios, mientras que el Partido Popular reclamó la ampliación de personal y expresó su preocupación por el incremento de los delitos en la región. El Partido Socialista destacó su inquietud por la protección de datos y respaldó la petición de 105 fiscales en Castilla-La Mancha.
En resumen, la lentitud en la justicia y la evolución de algunos delitos son motivo de preocupación en Castilla-La Mancha. Es necesario mejorar aspectos como el aumento de personal y la reducción de la suspensión de procedimientos para agilizar los procesos. Además, la Fiscalía ha elaborado varios instrumentos normativos y se han destacado problemas como la violencia de género, la ciberdelincuencia, la siniestralidad laboral y el acoso escolar. Los distintos grupos parlamentarios han expresado la necesidad de una justicia ágil y con recursos suficientes.
