Durante un intenso debate en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Partido Popular (PP) y Vox han confrontado al Gobierno de Emiliano García-Page sobre los compromisos establecidos en el Pacto por la Caza, exigiendo su cumplimiento. La confrontación tuvo lugar este jueves, destacando las tensiones políticas en cuanto a la gestión y fomento de la actividad cinegética en la región.
El diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, fue voz principal de la exigencia, alegando que las acciones llevadas a cabo por el ejecutivo regional solo tomaron impulso tras la presentación de una Proposición No de Ley por su partido el pasado 9 de octubre. Blázquez subrayó la importancia del inicio de la temporada de caza el 8 de octubre y criticó al Gobierno por no haber activado medidas relevantes del pacto antes de esa fecha. Fue tras la intervención de Vox, según Blázquez, cuando se firmó un convenio con asociaciones de caza para realizar cursos de formación y se anunciaron ayudas de 580.000 euros para mejorar los entornos de caza menor.
Desde el PSOE, Fran Barato rebatió esos argumentos sosteniendo que la Consejería de Desarrollo Sostenible ya estaba trabajando en las medidas mucho antes de la proposición de Vox, con esfuerzos que databan desde el comienzo de las competencias de la consejera.
Asimismo, la diputada del PP, Lola Merino, insistió en que el presidente García-Page cumpla con el pacto y refutó las acusaciones del PSOE sobre la elitización de la caza atribuida a su partido. Merino señaló que hay pasos dentro del pacto que no requieren de presupuesto y que pueden ser implementados de inmediato, como la modificación de leyes y reglamentos y la simplificación de trámites administrativos.
Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, María Mercedes Gómez, defendió la actuación del Gobierno señalando que no solo se comprometen con el pacto, sino que han estado trabajando desde 2015 para mejorar la situación del sector cinegético. Gómez destacó la gratuidad de las licencias de caza para residentes regionales, la formación de cazadores y de vigilantes, la recuperación del oficio de vigilante de caza y la simplificación burocrática mediante procesos electrónicos.
La consejera enfatizó la relevancia de la caza en Castilla-La Mancha, sector que genera 600 millones de euros, un 1,7% del Producto Interior Bruto regional, y sostiene cerca de 20.000 empleos. Gómez culminó su intervención reiterando la importancia de gobernar en conjunto con la sociedad y el sector cinegético. La controversia sobre el Pacto por la Caza evidencia las diferencias políticas y la presión sobre el cumplimiento de acuerdos que afectan significativamente a la economía y al modo de vida en esta comunidad autónoma.
