Este jueves, en el Parlamento regional, se ha llevado a cabo un debate sobre la necesidad de un Plan Nacional del Agua, donde ambos partidos de la oposición, Vox y el Partido Popular (PP), han exigido la implementación de infraestructuras hídricas que aseguren el suministro de agua en Castilla-La Mancha. Sin embargo, la respuesta del Gobierno regional ha sido negativa, advirtiendo que no apoyarán esta iniciativa para evitar que la región «siga perdiendo».
David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, ha abogado por un Plan Nacional del Agua que contemple la construcción de nuevos embalses y un sistema integrado de agua que conecte todas las cuencas del país. Según Moreno, «agua hay» y su propuesta busca acumular y distribuir el agua de manera más eficiente, especialmente en épocas de abundantes lluvias. Afirmó que la falta de este plan podría resultar en los mismos recortes y restricciones de agua presentados en años anteriores.
Por su parte, el diputado del PP, Santiago Lucas-Torres, respaldó la propuesta de un Plan Nacional de Agua, que incluiría criterios de solidaridad entre diversas comunidades autónomas y exigencias de cumplimiento de caudales ecológicos según lo establecido por el Tribunal Supremo. Lucas-Torres destacó la histórica falta de inversiones en la región, indicando que, de los 679 millones de euros prometidos en ocho años, solo se han ejecutado 243 millones.
Ambos partidos criticaron al PSOE, acusándolo de no apoyar un plan que, según argumentan, beneficiaría a Castilla-La Mancha. Lucas-Torres enfatizó que la región no puede seguir siendo «una tierra que da sin recibir» y demandó una mayor justicia en la distribución de recursos hídricos.
El diputado socialista Francisco José Barato no solo rebatió las propuestas de Vox y PP, sino que también subrayó la importancia de garantizar agua de calidad para la población y preservar los ecosistemas. Barato criticó abiertamente a la oposición por no enfocarse en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y les invitó a unirse a la campaña «Justicia para el Tajo», asegurando que los socialistas están comprometidos con la mejora de las infraestructuras en la región.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defendió la postura del Gobierno regional, indicando que el enfoque del Ejecutivo se basa en cumplir con las planificaciones hidrológicas de cuenca existentes y en asegurar que las demandas de agua reflejen realmente las necesidades de la región. Además, destacó que en la última década se han movilizado más de 995 millones de euros en inversiones hidráulicas.
Al final del debate, la propuesta del PSOE fue aprobada gracias a su mayoría, mientras que las iniciativas de Vox y PP fueron rechazadas. Este intercambio refleja la polarización en torno a la gestión del agua en Castilla-La Mancha y la urgente necesidad de encontrar soluciones adecuadas para garantizar su suministro a futuro.
