El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha sido escenario de un intenso debate sobre la situación de las plantillas de la Guardia Civil en la región, una cuestión que ha sido planteada de forma conjunta por los grupos de Vox y PSOE. Durante la discusión, la oposición ha señalado la falta de efectivos y ha solicitado incentivos para hacer más atractivos los puestos de trabajo en zonas rurales.
Desde Vox, el parlamentario Iván Sánchez abrió el debate mencionando «lamentables sucesos» que han ocurrido en Castilla-La Mancha, como el asesinato de un niño en Mocejón y el homicidio de una joven de 17 años, sugiriendo que la Guardia Civil «podría haber llegado» a tiempo. Sánchez presentó datos del Ministerio del Interior que evidencian un aumento en la criminalidad, señalando que solo tres de los trece tipos de delitos han disminuido. «En Castilla-La Mancha somos subcampeones en robos y hurtos en propiedades y en el campo», afirmó, al tiempo que criticó la percepción de seguridad del Gobierno regional en un contexto de aumento de criminalidad.
Por parte del Partido Popular, Tania Andicoberry defendió que, a pesar de los esfuerzos realizados por la Guardia Civil, es necesario que el Parlamento reconozca las dificultades que enfrenta, incluyendo la necesidad de una subida salarial y el reconocimiento de la profesión como «de riesgo», lo que implicaría beneficios como la jubilación anticipada.
El PSOE, representado por Ángel Tomás Godoy, rechazó las críticas de la oposición, argumentando que la delincuencia en Castilla-La Mancha se sitúa doce puntos por debajo de la media nacional y que ha habido un incremento en la cantidad de agentes en la región desde que el PSOE gobierna en La Moncloa. Godoy también cuestionó la propuesta de Vox de armar a la ciudadanía como solución a los problemas de seguridad.
A pesar de la magnitud del debate, las propuestas de resolución de Vox y el PP no lograron obtener el apoyo necesario, mientras que el PSOE, que contó con el respaldo de su mayoría, propuso un reconocimiento del esfuerzo presupuestario del Gobierno de España hacia los agentes y solicitó dotar a la Guardia Civil de los elementos de seguridad necesarios.
Las diferentes posturas planteadas reflejan un desacuerdo profundo sobre cómo abordar la seguridad y la situación del personal de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, que seguirá siendo tema de discusión en futuros encuentros políticos.
