La gestión del Gobierno regional en materia de discapacidad ha sido objeto de críticas por parte del PP y Vox durante el pleno de las Cortes autonómicas de este jueves. Los ‘populares’ alertan sobre la precaria situación financiera de las entidades que conforman el Tercer Sector, afirmando que la viabilidad de estas organizaciones corre serio peligro. Por su lado, Vox denunció la insuficiencia de las políticas sociales del Gobierno, alegando que las ayudas no están llegando a las familias afectadas y criticó la «desaparición paulatina» de los centros de educación especial en favor de un régimen más inclusivo, el cual consideran inadecuado para las necesidades de los niños.
José Antonio Martín-Buro del PP destacó que las entidades del Tercer Sector están teniendo que utilizar fondos extraordinarios para cubrir los costes de servicios ordinarios, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las mismas. A su vez, Iván Sánchez de Vox ha enfatizado que las familias no están recibiendo las ayudas económicas prometidas, como los 455 euros destinados a padres de niños con mayor grado de discapacidad.
En defensa, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, insistió en que se está trabajando con «políticas transversales» y en estrecha colaboración con el Tercer Sector. Ha resaltado que el presupuesto para discapacidad ha crecido «año a año», señalando que el 2024 verá el presupuesto más elevado en esta materia en la región.
El diputado del PSOE José Antonio Contreras ha rechazado las acusaciones sobre la falta de apoyo a las entidades del Tercer Sector, subrayando los avances del Gobierno en la inclusión de personas con discapacidad al sistema y la creciente financiación.
El debate culminó con la presentación de resoluciones: Vox demandó un refuerzo en las políticas de atención y la promoción de la investigación médica, entre otras. El PP solicitó un plan urgente consensuado con el sector y garantías legales para las subidas en la negociación colectiva. Por último, el PSOE pidió la continuación del refuerzo en las políticas y servicios de atención a las personas con discapacidad y mejoras en la gestión del sistema de dependencia regional.
