En la última sesión del pleno de las Cortes autonómicas, el debate se centró en las diferencias salariales entre los trabajadores de servicios sociales de atención primaria que pertenecen a las entidades locales y aquellos que forman parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Esta situación ha suscitado críticas tanto por parte del Partido Popular (PP) como de Vox hacia el Gobierno regional, mientras que los socialistas defendieron su actuación, argumentando que son los propios ayuntamientos quienes establecen las relaciones contractuales y salariales.
El diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, abrió el debate al exponer que existe una disparidad salarial de hasta mil euros al mes entre los trabajadores de la Junta y aquellos de los ayuntamientos, a pesar de que ambos desempeñan funciones similares con la misma categoría profesional. Blázquez consideró que esta diferencia es una «injusticia» y resaltó que se trata de una «situación de precariedad laboral» que ha perdurado durante más de 15 años. El parlamentario puso énfasis en que el salario no ha sido modificado desde 2010 y que muchos profesionales están percibiendo sueldos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional.
La resolución presentada por Vox, que buscaba desmontar el sistema autonómico, reducir las duplicidades administrativas y aumentar el gasto en servicios sociales, fue rechazada por la mayoría de los parlamentarios. En contraste, el diputado del PP, José Antonio Martín-Buro, destacó que la equiparación salarial es «fácilmente entendible», alertando que los trabajadores de servicios sociales han visto una pérdida salarial de casi 1.400 euros anuales entre 2009 y 2023 mientras que el IPC en el mismo periodo ha aumentado un 35,8%.
Martín-Buro abogó por un plan director que modernice los servicios sociales, pero su resolución también fue desestimada. A su vez, el diputado socialista Pablo Camacho criticó a PP y Vox, afirmando que su interés en las condiciones laborales de los trabajadores sociales es meramente una estrategia política. Camacho recordó que la responsabilidad de las relaciones laborales recae en los ayuntamientos, quienes son los que firman los contratos y establecen las condiciones salariales.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, cerró el debate afirmando que aunque hay aspectos que pueden mejorar en el sistema de servicios sociales, se ha trabajado en la recuperación y adaptación de las plantillas a las nuevas necesidades sociales. García Torijano destacó que en los últimos años se ha incrementado el número de profesionales en este ámbito y que se han hecho esfuerzos para mejorar salarios y condiciones, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer para reducir la brecha salarial existente.
