La Diputación de Toledo ha aprobado este jueves sus primeros presupuestos con el apoyo de PP y Vox, alcanzando un total de más de 164 millones de euros, en una sesión que contó con la abstención del Grupo Socialista. La aprobación se ha dado en un contexto particular donde el Grupo Socialista expresó su descontento ante ciertas asignaciones presupuestarias y recortes en áreas clave como igualdad y cooperación internacional.
El portavoz de Vox, Daniel Arias, resaltó que estos presupuestos son «equilibrados y racionales» y destacan por exceder en 7,138,108 euros a los del año precedente. Arias ha puesto un énfasis especial en la nueva partida de 800.000 euros destinada a la creación de un servicio de atención a la «familia», que contará con siete proyectos de apoyo.
Sin embargo, desde el Grupo Socialista, la portavoz Tita García Élez criticó duramente los recortes presupuestarios en medidas de igualdad, que han sido reducidas en un 24%, así como en cooperación internacional, que ha pasado de 150.000 euros en el presente ejercicio a solo 1.000 euros para el próximo. García Élez no ha pasado por alto la eliminación de Cruz Roja de la partida de emergencia social y ha cuestionado que, en lugar de incrementar partidas existentes para la familia, se haya decidido crear una nueva sin explicación detallada.
Por su parte, la vicepresidenta y portavoz del Grupo Popular, Soledad de Frutos, defendió el incremento de 30.000 euros en la partida de Igualdad y justificó una reestructuración orientada a responder a las «necesidades verdaderas» de los municipios. De Frutos también mencionó la intención de la Diputación de firmar un convenio para asistir a mujeres víctimas de violencia de género en sus desplazamientos y cuidado de menores durante sus procesos judiciales.
En otros asuntos abordados durante la sesión se incluyó la luz verde al Plan de Cooperación a las Obras de Competencia municipal con 12,5 millones de euros, y la aprobación del acuerdo regulador de trabajo de los funcionarios y laborales de la Diputación, así como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la cual contó con la abstención del PSOE por considerar que no atiende a las necesidades esenciales del personal.
Finalmente, se aceptó la modificación del reglamento de organización administrativa para permitir una mayor eficiencia operativa y la asistencia por videoconferencia a plenos en casos excepcionales. Además, se aprobó una operación no presupuestaria de tesorería de 30 millones de euros al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, para evitar costos adicionales por intereses con entidades financieras.
