Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron este jueves un debate intenso en su sesión plenaria sobre la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo parlamentario Vox en relación al Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de la Junta. Esta iniciativa, que buscaba rechazar el proyecto del Gobierno regional, no logró prosperar debido a los votos en contra del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, defendió la enmienda al argumentar que el proyecto es «una iniciativa legislativa mala para Castilla-La Mancha». Blázquez cuestionó el contenido del proyecto, sosteniendo que bajo una apariencia técnica se oculta una «maniobra política de privatización encubierta». Este argumento se centra en la creación de «entidades colaboradoras» que, según él, realizarían tareas que deberían ser ejecutadas por funcionarios públicos, lo que podría debilitar el empleo público y fomentar redes clientelares. A su juicio, se trata de un «atentado a la seguridad jurídica» que representa un retroceso inaceptable en los derechos de los ciudadanos y en la transparencia de la administración pública.
Además, el diputado de Vox argumentó que la propuesta legislativa no incorpora medidas concretas para facilitar la agilidad administrativa. Según sus palabras, «no se reducen plazos, no se definen procedimientos más ágiles, ni se fortalecen los medios públicos», lo que evidencia, a su juicio, una falta de soluciones a la «telaraña burocrática» actual.
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta, defendió el proyecto presentado por el Gobierno regional, destacando que busca establecer una administración «más moderna, más dinámica, más digitalizada» y más accesible para los ciudadanos. Guijarro mencionó medidas como el silencio administrativo positivo, la creación de un espacio digital para acceder a los servicios, y la regulación del uso de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos. También rechazó las acusaciones de privatización, indicando que el proyecto no plantea «privatizar nada» y que el modelo de colaboración es totalmente voluntario.
El portavoz adjunto del PP, Santiago Serrano, se opuso a la enmienda de Vox, defendiendo la necesidad de la ley mientras admitía la existencia de desacuerdos que pueden ser abordados a través de enmiendas parciales. En este contexto, Serrano propuso evitar un «repago» a las entidades colaboradoras, buscando así que no se cree «una administración a dos velocidades».
Por su parte, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy mostró un rechazo claro a la enmienda de Vox, subrayando que el proyecto de ley responde a una demanda social tanto de ciudadanos como de empresarios y respeta las potestades públicas de los funcionarios. Godoy defendió que las entidades colaboradoras no llevarán a cabo funciones propias de los funcionarios y pidió la retirada de la enmienda a la totalidad presentada por Vox.
Con el debate concluido, el futuro del Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de la Junta se perfila en el marco de las enmiendas parciales que se puedan presentar en las próximas sesiones.
