La Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha retomó su reunión, que había sido suspendida el 10 de junio, para debatir las enmiendas y elaborar el dictamen definitivo de la Ley de Integridad Pública de la Comunidad Autónoma. El texto, que se prevé debatir en el próximo encuentro parlamentario, ha generado diversas opiniones entre los grupos políticos, contando con el apoyo tanto del PP como del PSOE, y las críticas de Vox.
La controversia radica en la inclusión dentro de la ley de un mecanismo que, según el diputado de Vox Luis Blázquez, podría interpretarse como una «paguita» disfrazada destinada a los políticos que cesen y no retornen a su trabajo anterior, con una duración máxima de dos años. Blázquez ha elogiado la iniciativa, pero sostiene que, aunque su propósito debiera ser el de mitigar la corrupción, su implementación ha sido tardía y hasta el momento, la normativa precedente de 1994 se aplicaba de forma «parcial».
El debate también se ha centrado en cómo la nueva ley busca concentrar todo el control de la integridad pública en un único órgano, cuestionando el futuro de las unidades de transparencia y otros organismos establecidos. Blázquez ha expresado preocupaciones acerca de que esto pueda encubrir un beneficio para los altos cargos del gobierno.
Del lado del PP, la diputada Carolina Agudo enfatizó que la norma propuesta otorga seguridad jurídica al gobierno y aumenta el control por parte del Parlamento. Declara que la ley, a su juicio, es justa al proveer una garantía de dos años para los políticos que cesen, y busca evitar la indefensión de los cargos. Agudo manifestó el desacuerdo del PP con las enmiendas introducidas por Vox.
Por parte del PSOE, Isabel Abengózar se ha manifestado en congruencia con Agudo y ha mencionado que sus enmiendas pretenden clarificar y optimizar el entendimiento del texto de la ley. Abengózar destacó que la legislación es un compromiso cumplido del presidente Emiliano García-Page y que persigue mejorar la eficiencia de las instituciones basándose en la integridad. Respondió a las alegaciones de Vox señalando que el Gobierno regional ha sido pionero en materia de transparencia, negando que la ley conlleve una ‘paga’ como tal, sino una prestación por desempleo, con la finalidad de dar igualdad de condiciones a quienes se dedican a la política.
Ambos, PP y PSOE, han presentado de manera conjunta sus enmiendas, sin embargo, han sido objeto de críticas por la disposición que contempla un apoyo económico durante dos años para políticos que cesen y no retornen a sus actividades previas.
Mientras los grupos políticos continúan deliberando en torno a las diversas perspectivas sobre la Ley de Integridad Pública, se anticipa que el debate parlamentario en el futuro próximo será intenso y posiblemente polarizado.
