El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha abordado un debate general relativo al problema de la ocupación de viviendas en el que los dos grupos de la oposición, Cs y PP, han coincidido en reclamar al PSOE y al Gobierno regional reformular la ley al respecto que fue aprobada en 2020 en el Parlamento regional para, en vez de colocarla en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez para aguardar a su tramitación, se derive ahora al Congreso de los Diputados para por fin arrancar la discusión.
El encargado de iniciar el debate de este primer punto ha sido el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha defendido que si el texto legislativo surgido de las Cortes regionales se ha derivado al Gobierno y no al Congreso es por un motivo de «lealtad institucional».
Ha recordado que ese texto, que fue aprobado con los votos a favor de PSOE y Cs y la abstención de PP, incorporó el 80% de las propuestas de los ‘populares’, conformando una ley que «aclara y amplía las medidas cautelares para desalojar una ocupación».
Hernando ha incidido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha arrancado el curso político «planteando medidas y soluciones y pudiendo influir en el Gobierno de España con medidas de calado» como es el caso de la ocupación ilegal.
A su juicio, el PP ha presentado este debate sobre la materia porque «no apoyan a las víctimas de la ocupación ilegal», y además para poner en valor una ley que los ‘populares’ han registrado en el Congreso de los Diputados «copiada, con fallos y errores sin haber aprendido de las iniciativas previas, con el único propósito de enmascarar enmiendas de una ley que se está debatiendo en la comisión de Justicia de la cámara baja en donde se están incorporando las iniciativas y propuesta que desde la región se vienen plantando desde 2020».
Así, Hernando ha puesto en valor las medidas que se han aprobado desde las Cortes regionales, «y que no contaron con el apoyo del PP para su aprobación», como dotar a los ayuntamientos y las policías locales y nacionales de medidas para sancionar a los ocupas y que salgan lo antes posible de la vivienda o suspensión de ayudas sociales a las personas que ocupan una vivienda.
«Éstas sí son razones para ayudar a los ciudadanos que sí cumplen con la ley», ha asegurado el consejero, quien además ha reprochado al PP que «copiaran iniciativas en la exposición de motivos pero que, a la hora de desarrollar el articulado, se olviden de ellas». Por eso, ha asegurado que el texto de los ‘populares’ contiene tanto «error de fondo como de forma» porque «no tiene contenido y, además, llega tarde».
«Solo han presentado esta ley para intentar enmascarar la iniciativa del Gobierno regional y nacional en materia contra la ocupación ilegal, y que se estén planteando medidas reales y efectivas para que se pueda desalojar a un ocupa de manera inmediata», ha concluido Nacho Hernando.
CS: «LA OCUPACIÓN SIGUE AUMENTANDO»
El diputado de Cs Javier Sevilla ha apuntado que el fenómeno de la ocupación «sigue aumentando» con la «doble gravedad» de que el Gobierno «se inhibe» de su obligación de legislar.
«Son vaivenes que dan poca seguridad jurídica y que además da un trato diferenciado. Cuando no hay una ley que nos iguale a todos, cuando lo hacen otras administraciones, las policías locales no actúan igual en un municipio que en otro», ha lamentado.
Como ejemplos, ha hablado de Barcelona o Villalbilla. Así, en el pueblo madrileño son «eficientes y rápidos», algo que no ocurre en la Ciudad Condal, ha apuntado el parlamentario guadalajareño.
Sevilla ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que aproveche la visita de Pedro Sánchez este sábado a Toledo para reclamarle desbloquear la tramitación de la ley ya presentada tras su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha.
El Grupo Ciudadanos ha elevado para su debate hasta 14 peticiones, como firmar convenios con colegios de abogados para contar con equipos especializados contra el problema; un plan con ayuntamientos; penalizar a condenados por ocupación en el acceso a ayudas a la vivienda; o un plan de vivienda social para dar servicio a aquellas personas con necesidades reales de vivienda.
Dar recursos a oficinas judiciales, ampliar el derecho de postulación activa, modificar la ley de Régimen Local para poder anular empadronamientos de ocupas, aumentar la prescripción del tipo de la usurpación de uno a cinco años o modificar leyes para aumentar multas.
PP y UNA MATERIA «EN EL PUNTO DE PARTIDA»
La diputada del PP Gema Guerrero, de su lado, ha tomado la palabra en nombre de su grupo parlamentario para lamentar que todavía en esta materia se está «en el punto de partida» y sin aportar soluciones.
Para Guerrero, «mucho tiempo está tardando» el Gobierno regional en reclamar a Pedro Sánchez que tramite por fin la ley que surgió de las Cortes autonómicas para abordar «un problema que va en aumento» y ante el que los socialistas «no han hecho nada».
«Aprobaron una ley que metieron en el cajón durmiendo el sueño de los justos. Soy escéptica, muchos pensamos que llevan años instalados en la política de los anuncios», ha afirmado la parlamentaria.
En opinión de la diputada, la acción del Gobierno castellanomanchego pasa por «hacer que parezca que se interesa por el problema de la ocupación» pese a su inacción al respecto.
Es un problema que «nunca ha estado en la agenda política» del Ejecutivo regional hasta que fue el PP «quien lo puso encima de la mesa» con una propuesta que requiere de un consenso que rechazó el PSOE al no incorporar las propuestas ‘populares’ a la ley.
El PP ha pedido en su propuesta de resolución que el Parlamento lamentara la «falta de voluntad mostrada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el impulso al trámite de la de la Proposición de Ley» para elevarla al Gobierno nacional.
Pretendían instar de nuevo al Gobierno regional a «impulsar de forma urgente el trámite de aprobación de la ley aprobada por las Cortes regionales en 2020, así como poner marcha de aquellas iniciativas que, «como el desalojo express, serían necesarias para frenar de manera inmediata el fenómeno de la ocupación ilegal y para garantizar la protección de la propiedad privada».
Proponían igualmente realizar un estudio «minucioso y profundo en relación con las actuales necesidades de vivienda social en la región de modo que, conociendo en detalle las necesidades de los ciudadanos, pueda reprogramarse e incrementarse en su caso, la oferta de vivienda protegida con fines sociales».
PSOE DEFIENDE LAS MEDIDAS
La diputada del PSOE Marisa Sánchez ha subido al estrado para fijar la posición socialista, turno que ha dedicado a lamentar «la forma de trabajar del Partido Popular en la región ante un tema tan delicado».
Ha negado que el Gobierno regional no haya elevado propuestas en esta materia, asegurando que al PP se le olvidan las medidas ya adoptadas. «Todo ello, a ustedes, se les olvida, pero el Ejecutivo regional no mira hacia otro lado, es conocedor del problema, un problema que no es ajeno al resto de España», ha reparado la parlamentaria.
Entiende la diputada que esta «presentación desesperada» de este debate en la Cámara se debe a «la búsqueda de un titular» que pone «en segundo plano» el problema, ya que ni siquiera el líder del PP, Paco Núñez, está presente en el transcurso de la sesión plenaria.
«Frente al burdo intento de torpedo constante, hoy, si cabe aún más, volvemos a dar apoyo a los alcaldes que peor lo están pasando», ha señalado Sánchez.
La propuesta de resolución socialista se limita a reconocer el trabajo realizado y las medidas adoptadas para «evitar y prevenir» este problema.
