Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos han rechazado las supuestas ofensas que, según ellos, ha proferido el Gobierno contra las empresas y empresarios del país. Han pedido respeto por ellos. Desde el PSOE les han acusado de mentir y de haber forzado el debate en las Cortes. El tema ha sido los ataques y la falta de incentivos que, según el PP, ha sufrido la inversión empresarial y sus repercusiones en Castilla-La Mancha. En este sentido, el diputado de Ciudadanos Javier Sevilla ha enumerado los ataques del Gobierno central a las empresas. Sevilla ha manifestado que esto crea incertidumbre jurídica y ha preguntado si no se merecen más respeto las grandes empresas de este país. La resolución de Ciudadanos pasa por apoyar a los empresarios españoles y establecer un marco jurídico para mejorar la seguridad jurídica. Desde el PP, Lola Merino ha criticado la política empresarial del gobierno regional y ha añadido que la comunidad castellanomanchega ha perdido 38 empresas el pasado año en comparación con Madrid, que ha ganado 332. La resolución del PP pasa por rechazar la política de maltrato y descalificación del Gobierno a empresas y empresarios. Desde el PSOE, Antonio Sánchez Requena ha afeado la postura de Ciudadanos y ha negado sus afirmaciones. Ha acusado al PP de tener una actitud destructiva respecto al prestigio de España y Castilla-La Mancha. La resolución del PSOE apoya las medidas económicas adoptadas por el gobierno regional y nacional y considera el diálogo social una herramienta fundamental en la toma de decisiones económicas. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha cerrado el debate y ha afirmado que el gobierno regional no insultará a ninguna empresa. Ha añadido que el PP lanza mensajes negativos de Castilla-La Mancha y ha pedido que cambie su discurso. Ha rebatido los datos de Merino sobre empresas que se van de la región y ha concluido que la Junta no hace promesas que no cumple.
