El partido Popular (PP) y el Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca han expresado su descontento con la gestión del transporte urbano por parte del equipo de Gobierno local, dirigido por el alcalde Darío Dolz. Esta reacción se ha producido después de que se diera a conocer una sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a la empresa concesionaria del servicio con más de 600.000 euros.
Desde el Grupo Municipal Popular, se ha acusado al alcalde de proporcionar «información incorrecta o, lo que es peor, mentir» respecto al transporte urbano. Los ‘populares’ han señalado que esta situación refleja una falta de transparencia y competencia en la administración municipal, argumentando que Dolz intenta ocultar su incapacidad en esta área crucial para la ciudad.
Además, el PP ha criticado la gestión de la concesión durante la legislatura anterior, cuando Juan Ávila era alcalde y Dolz actuaba como su mano derecha. Según el PP, la reciente sentencia evidencia que la cuantía que deben abonar los ciudadanos es resultado de las deficiencias en la negociación de la concesión y una insuficiente atención a las advertencias de la oposición en ese periodo.
El partido también ha alertado sobre una cantidad adicional reclamante por la empresa desde 2019, que podría acercarse al millón de euros, lo que agrava aún más la situación del servicio de autobuses, el cual ya enfrenta problemas de abandono y desatención.
Por su parte, Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha lamentado que los ciudadanos sigan sufriendo las consecuencias de un servicio externalizado que se ha prorrogado recientemente por cinco años. El concejal Pablo García ha anunciado que su partido abordará en el próximo pleno municipal las continuas quejas y problemas del servicio, como el mal estado de algunos vehículos y el mal funcionamiento de la aplicación que informa sobre los tiempos de espera.
García ha afirmado que la prórroga del contrato ha sido una «nefasta decisión» que perjudica a los conquenses, instando al equipo de Gobierno a rescindir el contrato y asumir la responsabilidad de ofrecer un transporte público adecuado y accesible para todos los barrios de la ciudad. Finalmente, el concejal también ha cuestionado la legalidad de la ampliación del contrato, sugiriendo que el actual Gobierno no podrá cumplir con lo estipulado debido al tiempo ya transcurrido.
