En una muestra de unidad política poco común, los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP), Vox y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han sumado fuerzas en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha para apoyar a los transportistas de la región que afrontan problemas en el paso de la frontera con Francia. Esta coalición se ha formado en torno a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP que busca ofrecer respaldo concreto a las empresas de transporte ante los desafíos que enfrentan.
Santiago Lucas-Torres, diputado del PP, ha defendido la PNL solicitando un «mensaje claro» de apoyo a los transportistas, enfatizando la importancia de que se sientan respaldados por su gobierno regional y su parlamento. Además de denunciar las acciones violentas sufridas por los transportistas en Francia, el PP ha propuesto medidas como la creación de un fondo de ayudas económicas urgentes y una oficina de asistencia para el proceso de reclamaciones y compensaciones. También han abogado por esfuerzos diplomáticos para asegurar la libre circulación y el respeto de los derechos de los transportistas a nivel europeo.
Por su parte, el diputado de Vox, Luis Blázquez, ha subrayado la necesidad de proteger el derecho a la libre circulación de mercancías y ha destacado que la agricultura española no debe ser considerada el enemigo por sus homólogos franceses. Blázquez ha pedido que el Gobierno de España tome medidas frente a la protección de los transportistas y agricultores españoles.
Desde el PSOE, la diputada María Isabel Sánchez ha resaltado las acciones ya emprendidas por el Gobierno central en defensa de los transportistas y ha mencionado que los socialistas contribuyeron al debate con una enmienda transaccional a la PNL del PP, que finalmente fue aceptada y aprobada por unanimidad. Esta enmienda apoya a los transportistas afectados e insta a la Comisión Europea y al Gobierno español a adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías y para que se identifique y juzgue a los agresores. También incluye la puesta en marcha de un teléfono de apoyo para los transportistas agredidos y plantea la solicitud de un fondo económico de ayudas por parte del Gobierno de España.
En resumen, la unión de estos tres grandes grupos políticos refleja un compromiso firme por defender los intereses de los transportistas de Castilla-La Mancha afectados por las tensiones en la frontera francesa, evidenciando que a pesar de las diferencias ideológicas, es posible llegar a acuerdos en temas de importancia regional y nacional.
