La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha solicitado la derogación del canon del agua, un impuesto que se ha comenzado a aplicar desde el 1 de enero en la Comunidad Autónoma y que, según ella, afecta de manera significativa a las empresas de la región. Agudo ha alertado que las empresas deberán afrontar este canon hasta en tres ocasiones diferentes: como ciudadanos a través de su recibo de agua en casa, como vecinos de los municipios y como empresas, lo que considera un «impuesto de Page».
Durante una rueda de prensa en el Parlamento autonómico, Agudo ha enfatizado que el próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ofrece al presidente regional, Emiliano García-Page, la oportunidad de posicionarse sobre este asunto. El Partido Popular insistirá en que este nuevo tributo diseñado, según ellos, para «seguir metiendo la mano en el bolsillo de los castellanomanchegos» debe ser derogado.
Según la secretaria general del PP en la región, este tributo representa una amenaza para la economía de las familias, ya que agrava las desigualdades sociales en una de las comunidades con mayores índices de pobreza y exclusión social. Ha criticado que, aunque el Gobierno regional hable de bonificaciones, estas implican procesos administrativos complejos que dificultarán el acceso a ellas, lo que perjudicará principalmente a los colectivos más vulnerables.
Agudo también ha cuestionado el uso que hace García-Page de los ayuntamientos al convertirlos en recaudadores del nuevo impuesto, señalando que esto representa una carga económica excesiva para muchos de ellos. Así, ha mencionado que los consistorios tendrán que asumir no solo sus consumos, sino también las pérdidas en las redes de distribución, los nuevos gastos de gestión derivados del impuesto y los impagos en los recibos.
Finalmente, la portavoz del PP ha instado al Gobierno regional a enfocarse en implementar «mejores políticas y menos impuestos». A su juicio, el Canon del Agua es un resultado de una política fiscal que convierte a Castilla-La Mancha en un «infierno fiscal», caracterizado por mayor pobreza, debilidad en las administraciones locales y una menor competitividad empresarial.
