El proyecto de Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, que incluye la creación de un fondo de tierras disponibles conocido como banco de tierras, se encuentra listo para su aprobación en el pleno de las Cortes. Las 67 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, 20 del PP, 44 de Ciudadanos y tres del PSOE, fueron debatidas en comisión, donde únicamente las enmiendas del PSOE fueron aprobadas, las cuales han contado con el rechazo del PP y de Ciudadanos, aunque la formación naranja se abstuvo en una de ellas.
La diputada regional del PSOE, Joaquina Saiz, ha sido designada ponente para la defensa del dictamen en el pleno, y ha detallado que su grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas al proyecto de ley con el fin de dar respuestas a las demandas del sector. Saiz ha subrayado que esta ley es «necesaria», creará un banco de tierras que podrán utilizar los jóvenes y mujeres, y ayudará e impulsará al sector. Además, ha negado que se vayan a hacer expropiaciones de la manera que dice el PP y Ciudadanos, al tiempo que ha asegurado que con las enmiendas del PSOE se da solución a la incertidumbre que se ha creado con esta ley.
Por su parte, el PP ha presentado 20 enmiendas a este proyecto de ley porque, según su diputado Emilio Bravo, es «mejorable», no gusta al sector y no soluciona la regeneración en el campo ni la falta de rentabilidad que actualmente hay en los productos del campo. «Lo más grave» de esta ley, según el parlamentario ‘popular’, es que «no respeta» la propiedad privada y se permite a la Consejería que «haga lo que quiera» sin contar con los propietarios, algo que califica de «falta de respeto» y ningún agricultor lo va a permitir.
Ciudadanos, que ha presentado 44 enmiendas a este proyecto de ley, ha afirmado que esta ley es «muy mejorable» y, a su juicio, lo que trae es «más papeleo» para los agricultores, expropiación y prohibiciones. La formación naranja pide, entre otras cosas, el carácter voluntario de la inscripción en el banco de tierras y propone impulsar el banco de tierras sin tener que recurrir a la expropiación. La nueva normativa beneficiará a 120.000 personas de Castilla-La Mancha, según estimaciones del Gobierno regional.
