El juicio programado para este martes y miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra P.R.R., acusado de dos delitos de agresión sexual a sus sobrinas políticas menores de edad, ha sido pospuesto después de que los abogados de las víctimas solicitasen que se incorpore la responsabilidad civil de la administración autonómica en el proceso legal.
Los letrados de las afectadas hicieron pública su intención de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se persone en el caso, debido al argumento de que aún no se ha llevado a cabo una revisión adecuada del procedimiento o del análisis de la situación circundante. Uno de los abogados subrayó que, más allá de la culpabilidad criminal del acusado, también hay una responsabilidad civil que atender.
P.R.R. está señalado por la Fiscalía como el presunto agresor de dos hermanas, de 7 y 11 años, que estaban bajo su tutela y la de su esposa después de ser apartadas de un ambiente familiar caracterizado por graves carencias y riesgos, y que finalmente pasaron a custodia de la Junta antes de ser acogidas por sus tíos.
En el relato de los fiscales, se detalla cómo P.R.R. manipulaba emocional y sexualmente a estas niñas, recordándoles que debían «cumplir» con él a cambio de la comida y el techo que les ofrecía, y utilizando las circunstancias de castigo para coaccionarlas a realizar actos sexuales con la promesa de levantarles dichas sanciones.
Ante estos graves delitos, el Ministerio Fiscal solicita una condena de 24 años de prisión por los dos delitos de agresión sexual cometidos en menores de 16 años, y demanda, además, una orden de alejamiento por un período de 20 años, que impediría al acusado acercarse a menos de 500 metros de las víctimas. Asimismo, se propone una indemnización de 30.000 euros para cada una de las jóvenes, como compensación por el daño moral sufrido.
Se espera que próximamente se determine una nueva fecha para la vista, en la cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será convocada para responder en relación a la petición de responsabilidad civil por parte de los abogados de las víctimas.
