En un reciente memorándum dirigido a diversos miembros del gabinete y altos funcionarios del gobierno, se establece una política de inversión que pone a Estados Unidos en primer lugar. Bajo el título de ‘America First Investment Policy’, este documento subraya la importancia de la inversión nacional y extranjera como un componente vital de la seguridad económica y nacional del país.
El memorándum destaca que la política de inversión es crucial para el desarrollo de un entorno que no solo sea atractivo para la inversión extranjera, sino que también permita fortalecer los mercados de capital en Estados Unidos. Se afirma que los activos estadounidenses, especialmente en sectores de alta tecnología, son los más deseables a nivel mundial, y que facilitar el capital de aliados y socios extranjeros beneficiará directamente a la economía nacional y al empleo.
Sin embargo, el documento también advierte sobre los riesgos que pueden surgir con inversiones de adversarios estratégicos, en particular de la República Popular China (RPC). Este país ha sido señalado como un actor que busca adquirir tecnología avanzada y propiedad intelectual a través de métodos que pueden no ser evidentes para los inversores estadounidenses. El memorándum enfatiza que la seguridad económica es parte integrante de la seguridad nacional, destacando las limitaciones impuestas por el gobierno chino a la inversión extranjera en su infraestructura crítica.
Uno de los puntos centrales de la política es la creación de un proceso de “vía rápida” para facilitar inversiones de aliados claros en sectores tecnológicos avanzados, además de otorgar prioridad a las revisiones ambientales para inversiones que superen los mil millones de dólares. Se establecen restricciones adicionales a la inversión en empresas estadounidenses que operen en áreas consideradas críticas, como infraestructura y tecnología sensitiva, especialmente aquellas vinculadas con el desarrollo militar y de inteligencia por parte de la RPC.
El memorándum proporciona un marco concreto de acciones que se llevarán a cabo para implementar esta política, que incluye la posibilidad de usar todos los instrumentos legales disponibles para prevenir que los inversionistas afiliados a países adversarios, como la RPC, accedan a sectores estratégicos dentro de Estados Unidos.
Además, se contempla revisar y posiblemente suspender el tratado fiscal de 1984 entre Estados Unidos y la RPC, que ha sido criticado por facilitar la desindustrialización de Estados Unidos al mismo tiempo que modernizaba el aparato militar chino. En lugar de sufragar el crecimiento de potencias extranjeras, la administración busca redirigir la inversión hacia el fortalecimiento de la economía estadounidense.
Con esta política, la administración enviará un mensaje claro: se priorizará la inversión que fortalezca a EE. UU. y se estarán mirando con lupa las inversiones que puedan comprometer la seguridad nacional. De esta manera, se busca proteger no solo los activos estratégicos del país, sino también el bienestar de sus ciudadanos, asegurando que la inversión extranjera se alinee con los intereses estadounidenses.
Fuente: WhiteHouse.gov
