Podemos Castilla-La Mancha ha lanzado un llamado al Gobierno regional para que reestablezca el presupuesto de ayudas para el alquiler de viviendas dentro de los presupuestos de la Comunidad Autonómica para el año 2024. La formación política ha señalado un recorte significativo de casi 10 millones de euros en comparación con el año previo.
Carmen Fajardo, Secretaria Autonómica de Política Social y Servicios Públicos de Podemos en Castilla-La Mancha, ha calificado la situación como un recorte del 46,65%, señalando que los fondos asignados anteriormente ascendían a 20.417.800 euros y que para el 2024 se han presupuestado solo 10.892.790 euros. La formación morada en su nota de prensa, ha expresado que estos recortes vienen a agravar aún más la situación de la vivienda en la comunidad.
Fajardo ha criticado duramente la gestión del Gobierno encabezado por Emiliano García-Page, acusándolo de ofrecer «ayudas humo» que no llegan a la mayoría de la ciudadanía, además de señalar la falta de construcción de vivienda pública durante más de dos décadas y la mala gestión de las existentes por parte de la Junta.
Podemos Castilla-La Mancha ha respaldado su denuncia con testimonios de vecinos, quienes califican las ayudas al alquiler como «puramente ficción». Según estas denuncias, se expanden los requisitos para su obtención sin proporcionar un presupuesto adecuado, lo que resulta en que miles de familias no reciben la asistencia necesaria.
En el marco de la reciente resolución de la Dirección General de Vivienda de Castilla-La Mancha sobre las ayudas al alquiler de vivienda para los períodos 2024 y 2025, la voz de la ciudadanía se ha considerado esencial.
Por otro lado, José Luis García Gascón, coordinador regional de Podemos, ha insistido en la necesidad de revertir los recortes en materia de vivienda y aumentar significativamente la oferta de vivienda pública. Recuerda la propuesta de su programa electoral, que incluye un plan para el alquiler de vivienda pública, dirigido a jóvenes y familias con precios a partir de 50 euros gestionado por una inmobiliaria pública, con el objetivo de que Castilla-La Mancha avance hacia estándares europeos.
Podemos enfatiza que esta estrategia beneficiaría a aproximadamente el 45% de los hogares de la región, tomando en cuenta que Castilla-La Mancha presenta los peores datos de emancipación juvenil. La formación política difiere del Gobierno regional y propone multiplicar por seis el número de viviendas públicas disponibles, aspirando a una meta de 10.000 viviendas gestionadas por la Junta, acercándose a la media española y apoyando esta iniciativa con una nueva Ley de Vivienda Autonómica.
García Gascón ha concluido remarcando la importancia del derecho a una vivienda digna como un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, reiterando que para garantizarlo son imprescindibles las ayudas al alquiler.
