Podemos Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación tras la aprobación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa en las Cortes regionales, advirtiendo que esta normativa implica «una enorme privatización» que podría poner en riesgo los servicios públicos más esenciales, tales como la sanidad, los servicios sociales y las garantías de protección del medioambiente.
La formación morada ha identificado tres aspectos «especialmente graves» de la ley. Uno de ellos es, según afirman, «una nueva privatización sistemática contra la Junta», impulsada por el PSOE de Page, a través de la creación de entidades colaboradoras que trasladan importantes funciones de los trabajadores públicos a empresas privadas.
Además, desde Podemos argumentan que incrementar el número de contratos con empresas privadas genera un «caldo de cultivo para las redes de corrupción» asociadas al bipartidismo, especialmente en áreas tan sensibles como la inspección y certificación de servicios fundamentales. José Luis García Gascón, representante de Podemos, ha afirmado que confiar en empresas privadas para estas funciones es «poner al zorro a cuidar de las gallinas», lo que representa un riesgo para los intereses generales y la protección de los derechos sociales y medioambientales.
La formación también ha destacado que el Consejo Consultivo emitió un informe crítico sobre la ley, señalando sus efectos negativos y proponiendo modificaciones sustanciales. A su vez, han recordado que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un decreto-ley similar del año 2020 en la Junta de Andalucía, lo cual podría indicar que la Ley del PSOE de Castilla-La Mancha, que presenta similitudes, podría ser objeto de cuestionamientos legales.
García Gascón ha señalado que el PSOE ha desestimado las propuestas de cambio planteadas por Podemos, organizaciones sociales y el propio consejo consultivo, manteniendo la ley inalterada. Esto, según él, evidencia que el uso del derecho por parte del PSOE se orienta únicamente a sus intereses, exponiendo las consecuencias negativas de las mayorías absolutas.
Por último, Podemos ha criticado a Vox por su oposición a la ley, argumentando que los ultraderechistas acusan de privatización cuando son, según afirman, los principales promotores de privatizaciones en servicios públicos en los lugares donde tienen influencia, en colaboración con el PP. La formación morada ha calificado estas críticas de «absoluta hipocresía», señalando que tanto Vox como el PP intentan privatizar esenciales servicios como sanidad, educación y vivienda.
