La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha decidido extender el plazo de los gastos que pueden ser financiados con subvenciones destinadas a las diputaciones provinciales hasta el 1 de noviembre de 2025. Esta medida se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y persigue el objetivo de asegurar la provisión de cuidados de las personas en su entorno.
El decreto que establece esta ampliación fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el jueves, según reporta Europa Press. Se aclara que previamente, el período para la ejecución de los proyectos subvencionados finalizaría el 30 de junio del año en curso, pero en septiembre se ajustó la fecha límite, extendiendo inicialmente hasta el 22 de noviembre para optimizar el uso de los fondos disponibles.
Un paso adicional en esta dirección se produjo en octubre, cuando la Decisión de Ejecución del Consejo realizó ajustes en la inversión referida al ‘Plan de Modernización de los Servicios Sociales’, que incluye la transformación tecnológica, la innovación, la formación y el fortalecimiento de la atención a la infancia, estipulando que la medida debería estar completamente implementada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
Respondiendo a estos ajustes, el departamento liderado por Bárbara García ha señalado que los gastos podrán ser subvencionables hasta el nuevo plazo en 2025. Además, se ha establecido que las subvenciones, vinculadas a este decreto, se financiarán a través de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para los ejercicios de 2022 hasta 2025, considerando los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia bajo los Fondos Europeos Next Generation EU.
En términos presupuestarios, se ha asignado un total de 8.666.328 euros, repartidos de la siguiente manera: 4.710.779,97 euros para 2022, 3.485.818 euros para 2023, y 469.730,03 euros para el año 2025. Para el año 2024, no se ha previsto ninguna asignación económica.
Por último, el decreto establece que la otorgación de dichas subvenciones queda sujeta a la disponibilidad de crédito apropiado y suficiente en el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para cada uno de los ejercicios mencionados. Con esta iniciativa, el gobierno regional reafirma su compromiso con la atención social y la modernización de los servicios dirigidos a los ciudadanos más vulnerables de la comunidad.