La Plataforma Intersindical frente al Colapso Sanitario, compuesta por más de una decena de sindicatos, ha confirmado que continuará sus manifestaciones en defensa del sistema de Muface, que afecta a 74.000 trabajadores públicos en Castilla-La Mancha. La organización ha criticado la «avaricia» de las aseguradoras y la «incapacidad» del Gobierno para ejecutar una licitación que responda a las necesidades del colectivo.
Durante una concentración realizada este martes a las puertas de la Delegación del Gobierno, el presidente regional de ANPE, Martín Navarro, destacó que los mutualistas están atravesando una situación de «incertidumbre absoluta», evidenciada por retrasos y cancelaciones de tratamientos. Navarro subrayó que el conflicto «debió ser abordado desde un principio mediante el diálogo y el consenso», algo que no ha ocurrido y que ha llevado a la crisis actual.
El líder sindical exigió «certezas» y «transparencia» en relación a los datos sobre las licitaciones, señalando que hasta la fecha no ha habido ningún encuentro con la ministra de Sanidad, Mónica García. Además, denunció que los funcionarios públicos y sus familias están siendo utilizados como «rehenes» en un «mercadeo» con la salud.
Martín Navarro insistió en que el acuerdo que se busca debe ajustarse a las realidades del mercado contemporáneo y recordó que, para preservar el sistema de Muface, que cuenta con más de 50 años de funcionamiento, es fundamental que los funcionarios continúen abonando el complemento correspondiente en sus nóminas.
A pesar de que el proceso negociador ha mostrado «más tranquilidad» con la posibilidad de que Adeslas se presente a esta licitación y con otras dos aseguradoras pendientes de confirmación, los representantes sindicales han asegurado que no detendrán sus movilizaciones hasta alcanzar un acuerdo que les devuelva al modelo actual con las aseguradoras que participen.
Por su parte, Sergio Romero, secretario de Organización de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera en la región, ha hecho un llamado a establecer un diálogo directo entre los sindicatos y las aseguradoras para normalizar la atención a los funcionarios públicos. Romero condenó la actitud de las aseguradoras, acusándolas de poner en peligro la salud de un millón y medio de familias con el fin de obtener beneficio económico, y responsabilizó al Gobierno por la posibilidad de que muchas de estas familias se queden sin atención médica en menos de un mes.
Asimismo, argumentó que los mutualistas son quienes realmente sostienen el sistema de Muface a través de sus propias contribuciones y desmintió la existencia de aportaciones «estratosféricas» desde el Gobierno a Muface.
Las concentraciones, que también han tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Logroño, seguirán organizándose cada martes, con la intención de extender las manifestaciones a varias provincias en algunas comunidades.
