La Junta de Comunidades ha presentado su Plan de Contratación para 2025, que asciende a casi 1.500 millones de euros, con el objetivo de facilitar la labor de las empresas licitadoras, en especial las pequeñas y medianas empresas (pymes). Durante una rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, detalló que este plan se ha desarrollado con información proporcionada por los diferentes órganos gestores de la Administración regional.
El documento incluye un desglose de los 969 contratos que el Gobierno regional tiene previsto adjudicar en 2025, permitiendo a los licitadores potenciales una mejor planificación y organización de sus recursos. La transparencia y la gestión presupuestaria se refuerzan, al especificarse el órgano de contratación responsable, el tipo de contrato (suministros, servicios u obras públicas), el valor estimado y la fecha prevista de licitación.
Dentro de este plan, se destina un total de 1.489 millones de euros, con un enfoque significativo en el estado de bienestar, que representa el 60% de los contratos y el 75% de la cuantía total. En el sector de sanidad, se prevé licitar 358 contratos, equivalentes al 37% del total, lo que representa un valor de 2.489 millones de euros. La educación y el bienestar social contemplan 112 contratos cada uno, con importes de 117 millones y 188 millones, respectivamente.
La Consejería de Hacienda tiene como objetivo licitar 83 contratos, lo que equivale al 8,5%, mientras que la Consejería de Fomento programará 58 contratos por un valor total de 139 millones de euros. En términos de tipos de contrato, el 50% son de prestación de servicios, un tercio corresponde a contratos de suministros y el 10% son contratos de obra.
Se espera que el 80% de los recursos se adjudique mediante procedimientos abiertos, y el 65% de los contratos, que suman 796 millones de euros, se licitarán en el primer semestre del año.
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para ceder herramientas tecnológicas de control interno desarrolladas en Castilla-La Mancha. Esta cooperación aspira a suprimir más de 300.000 documentos contables y agilizar la tramitación de expedientes de gasto, mejorando así la eficiencia administrativa y beneficiando a la ciudadanía. Castilla-La Mancha comparte su conocimiento y experiencia con otras comunidades autónomas en un esfuerzo por optimizar los recursos públicos.
