La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha iniciado este miércoles el juicio contra C.P.G. y J.R.J., administradores de la empresa Agespasa SA, acusados de fraude procesal en el contexto del despido de A.P.C., un trabajador de la compañía. El primero de los acusados ocupó su cargo hasta su jubilación en 2014, mientras que el segundo ha continuado en funciones desde entonces.
Los hechos que motivan este juicio se remontan a principios de 2016, cuando A.P.C. interpuso una demanda contra C.P.G., J.R.J. y la mercantil por despido, alegando vulneración de derechos fundamentales. Este procedimiento legal, correspondiente al número 197/2016, fue tramitado ante el Juzgado de lo Social número dos de Toledo. Posteriormente, tras ser despedido el 8 de abril de 2016, A.P.C. presentó una segunda demanda de despido improcedente que fue acumulada al primer procedimiento.
Las vistas del caso han sido suspendidas en varias ocasiones. En particular, en la sesión del 7 de febrero de 2018, también cancelada, los acusados presentaron un documento que la fiscalía clasifica como prueba fraudulenta. Este documento, titulado ‘Cláusula Pacto de no Concurrencia/Competencia, Dedicación Exclusiva’, contenía cláusulas adicionales al contrato de trabajo de A.P.C., suscrito en 2006. La fiscalía alega que C.P.G. elaboró este documento exclusivamente para presentarlo en el juicio y que tanto él como J.R.J. suplantaron la firma de A.P.C. mediante una copia escaneada, dándole al documento una apariencia de credibilidad.
Además, los acusados habrían añadido un sello del Instituto Nacional de Empleo (INEM) con la intención de otorgar mayor veracidad al documento, a pesar de que este tipo de pacto no requiere el visado de ninguna administración para su validez.
No obstante, el tribunal no tomó en cuenta este documento como prueba, lo que significó un revés para sus pretensiones. A pesar de la frustración de los acusados, la fiscalía ha decidido imputarles por falsedad en documento privado e intento de estafa procesal, pidiendo un año y seis meses de prisión para cada uno, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo.
