La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio el próximo miércoles, 18 de septiembre, contra M.C.P. y C.V.A., quienes enfrentan acusaciones del Ministerio Fiscal por un incumplimiento grave en sus obligaciones con la Seguridad Social. Según el informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso Diario CLM, se les imputa no haber abonado las cuotas de la fundación que gestionaba la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, lo que ha generado una deuda que asciende a 425.838,17 euros.
C.V.A. ocupaba el cargo de presidente de la Fundación Cofradía del Ciento, mientras que M.C.P. fue director de la citada escuela desde 2004 hasta finales de 2019. La Fundación, constituida en junio de 1998, tenía a su cargo la gestión de la Escuela y la explotación de dos restaurantes abiertos al público. Sin embargo, durante el periodo de actividad empresarial, entre agosto de 2005 y octubre de 2018, la institución contrajo una deuda global de 425.832,17 euros con la Seguridad Social, de los cuales 318.113,82 euros corresponden al principal y el resto se refiere a recargos e intereses.
La situación se complicó aún más entre 2015 y 2018, cuando la deuda aumentó considerablemente, alcanzando un principal de 230.380,79 euros. La Fundación Cofradía del Ciento solicitó en cinco ocasiones aplazamientos de deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social, todas ellas incumplidas. Para continuar sus operaciones sin atender estas obligaciones, M.C.P. y C.V.A. fundaron en 2009 la sociedad Gestión y Supervisión de Empresas SL, que asumió las actividades de la fundación, aunque ambas entidades presentaron una evidente confusión administrativa.
A partir de 2014, comenzó un intercambio constante de trabajadores entre ambas entidades, pagando nóminas desde Gestión y Supervisión a empleados de la Fundación. Además, compartieron el mismo domicilio social y gastos ordinarios, siendo la Fundación la que cubría costos pese a sus problemas de ingresos, mientras que Gestión y Supervisión no contribuyó en esas obligaciones.
Ante estos hechos, el Ministerio Fiscal ha solicitado para ambos acusados una pena de tres años de prisión, así como una multa equivalente al cuádruplo de la deuda, lo que sumaría 921.523,16 euros, además de una indemnización conjunta de 311.008,85 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La vista, que se celebra en un contexto de creciente preocupación sobre el cumplimiento fiscal en el sector, marcará un paso importante en la gestión de las obligaciones sociales y la responsabilidad de las entidades en la región.
