La Audiencia Provincial de Toledo tiene programado para este miércoles, 12 de febrero, el juicio contra tres personas, identificadas como J.C.N.R., L.J.L.M. y A.L.M., quienes están acusados de administración desleal en detrimento de la empresa Melariense de Investigaciones Agrícolas S.L. La acusación sostiene que los imputados traspasaron propiedades de la mencionada compañía, cuya sede se encuentra en Talavera de la Reina, a otra sociedad denominada Neira de Rei, S.L., sin contar con el consentimiento de los órganos de dirección correspondiente.
Según la fiscalía, los acontecimientos se remontan a abril de 2019. Durante ese mes, J.C.N.R. inscribió varias fincas registrales en el Registro de la Propiedad, las cuales pertenecían a Melariense de Investigaciones Agrarias, S.L. y que había adquirido en 2008. Las fincas incluidas en el escrito de acusación son las registrales 3.924 y 3.927 del Registro de la Propiedad número 1 de Pinto, así como las del Registro de la Propiedad de Motril. Además, se menciona un conjunto de participaciones de otras empresas, Cantera de Palacios, S.L. y Cal Hispanias, S.L.
La acusación sostiene que L.J.L.M., quien es el socio mayoritario de las dos sociedades involucradas, llevó a cabo estas operaciones de transferencia sin haber sido nombrado como apoderado de Melariense de Investigaciones Agrarias, S.L. por el actual apoderado, C.S.H. Por otro lado, las fincas registrales número 23.164 y 21.629, que eran de la mercantil CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A., también fueron trasladadas a Neira de Rei, S.L. con la colaboración de A.L.M., quien ratificó las actuaciones de L.J.L.M.
La fiscalía argumenta que las propiedades y acciones se transfirieron a Neira de Rei, S.L. por los acusados actuando como administradores de hecho, aunque sin ningún acuerdo que les legitimara para ello y sin informar a los accionistas o convocar juntas. Desde la dimisión del anterior administrador en 2013, no existió ninguna autorización válida para las operaciones realizadas.
El valor estimado de todas las propiedades involucradas supera los 28 millones de euros, cantidad que ambas sociedades afectadas, Melariense de Investigaciones Agrarias, S.L. y CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A., reclaman como daños por el perjuicio sufrido.
La fiscalía ha calificado estos hechos como un delito de administración desleal, según lo establecido en el Código Penal, y ha solicitado una pena de seis años de prisión para cada acusado, además de la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante la duración de la condena. También se exige una multa que se traduce en 12 meses a razón de 12 euros diarios, así como una indemnización conjunta y solidaria por parte de los imputados, con cantidades específicas que suman más de 28 millones de euros.
