La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para juzgar, los días 26 y 27 de febrero, a siete individuos acusados de pertenecer a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en la localidad de Puertollano. La situación ha generado un alto interés público, dado el impacto del narcotráfico en la comunidad.
La Fiscalía ha presentado un fuerte caso contra los acusados, solicitando penas que van hasta nueve años de prisión y multas que alcanzan los 72.000 euros para algunos de ellos. Las imputaciones incluyen delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. El escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press señala que, entre los acusados, se encuentran tanto hombres como mujeres que operaban desde diversas viviendas en Puertollano, donde cultivaban, almacenaban y distribuían droga a terceros.
La operación policial que condujo a la detención de los sospechosos fue el resultado de una investigación que comenzó cuando los agentes obtuvieron información sobre su presunta actividad delictiva. Durante el operativo para desmantelar el grupo, la Policía Nacional logró incautar un total de 427 plantas de marihuana, 291 gramos de cocaína, 25 gramos de hachís y cerca de 142.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta ilícita de estas sustancias.
El despliegue policial también reveló un arsenal considerable: en los registros domiciliarios, se encontraron cinco pistolas, un revólver, una escopeta y más de 280 cartuchos de munición. Según la Fiscalía, los acusados formaban una estructura organizada dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes desde, al menos, 2019 hasta junio de 2020. Mientras algunos de ellos se encargaban del cultivo de marihuana en interiores, otros asumían responsabilidades en la venta y distribución de la droga por distintos puntos de Puertollano.
Las acusaciones no se limitan solamente al tráfico de drogas y tenencia de armas, ya que también se les imputará defraudación de fluido eléctrico, debido a que utilizaban conexiones ilegales a la red eléctrica para alimentar sus plantaciones indoor. Este caso refleja la preocupación de las autoridades sobre la creciente actividad criminal relacionada con las drogas en la región, y el proceso judicial que se avecina es un paso significativo en la lucha contra este fenómeno. Las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados oscilan entre cinco y nueve años de prisión, en función de las responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos.
