La Audiencia Provincial de Cuenca ha iniciado este jueves el juicio contra S.E.F.M. y V.G.L., quienes ocupan los cargos de gerente y administradora de un club de alterne ubicado en El Provencio. Ambos enfrentan una acusación que podría condenarlos a diez años de prisión por delitos relacionados con la trata de seres humanos, prostitución coactiva e inmigración ilegal.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el mencionado establecimiento, a pesar de estar habilitado como hostal, estaba equipado para la realización de actividades de alterne y prostitución por parte de mujeres que laboraban en el local. La Fiscalía sostiene que los acusados orquestaron un plan con la colaboración de personas de origen colombiano, quienes enviaban a jóvenes de ese país a España bajo la promesa de empleos falsos como camareras, bien remunerados y dignos. Una vez en el club, estas mujeres se veían forzadas a ejercer la prostitución, compartiendo así los beneficios obtenidos.
Uno de los casos más destacados es el de una mujer que, como testigo protegido, llegó al club en febrero de 2016. Tras su llegada, le fueron confiscados su pasaporte y el dinero del viático, y se le indicó que había contraído una deuda de 4.000 euros que debía saldar a través de la prostitución. Según la acusación, trabajaba desde las 17.00 horas hasta el cierre, pagaba 45 euros diarios por alojamiento y manutención, y tenía que entregar al club el dinero correspondiente al «primer pase», que oscilaba entre 45 y 55 euros, además de un recargo de cinco euros por cada pase adicional relacionado con el uso de sábanas. Tras un mes de sufrimiento, la testigo logró escapar del establecimiento a través de la cocina.
La Fiscalía ha solicitado que ambos acusados sean juzgados por un delito de trata de seres humanos, en concurso con otro de prostitución coactiva, por el que se demandan penas de seis y tres años de cárcel, respectivamente. A esto se suma otro cargo por inmigración ilegal, para el cual se solicita un año adicional de prisión. El Ministerio Público también ha requerido medidas complementarias, como la clausura definitiva del club, el comiso de los bienes y dinero incautados, así como una indemnización de 3.000 euros para la testigo protegida.
