La Red Europea de lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha ha instado al Gobierno regional a reactivar el Ingreso Mínimo de Solidaridad mientras se facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), como una medida para proteger a quienes están en riesgo de pobreza y/o exclusión. En un acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Mar González, presidenta regional de EAPN, reveló que actualmente 660.000 personas en la región están en esta situación, lo que representa un incremento de 10.000 respecto a 2022. Además, destacó que el porcentaje de pobreza severa ha pasado del 8,7% al 10,4% en 2023, afectando a quienes viven con menos de 611 euros mensuales.
Durante el evento celebrado en las Cortes regionales, diversos representantes de organizaciones sociales solicitaron al gobierno una formulación de políticas más efectivas y ajustadas a las necesidades sociales. Oksana Kalashnikova y Daniel Serrano, de la Fundación Ceres, subrayaron la importancia de establecer redes de seguridad para asegurar el acceso a recursos básicos como vivienda, salud y educación, además de fomentar la colaboración entre administraciones y el sector privado para impulsar programas de inserción laboral que promuevan la diversidad.
Mercedes Carretón, también de la Fundación Ceres, pidió la creación de programas de formación profesional que respondan a las demandas del mercado laboral y las necesidades de los desempleados. Por su parte, Juan Modesto, de la Asociación Aurelio de León, hizo hincapié en la necesidad de digitalizar y simplificar los trámites administrativos, y Michel Kakananyo, del Movimiento por la Paz, abogó por más incentivos para la contratación de desempleados de larga duración.
Además, Juan Carlos Vicheria, de Cruz Roja, propuso beneficios fiscales para reducir las cuotas de Seguridad Social a empresas que contraten a personas con responsabilidades familiares significativas, así como a mujeres en sectores donde están subrepresentadas. González reiteró que «nadie se merece vivir ninguna situación de pobreza», instando a mantener los planes de empleo en la región y a mejorar el Salario Mínimo Profesional para que quienes tienen empleo no caigan en la pobreza.
El presidente de las Cortes castellanomanchegas, Pablo Bellido, reconoció la importancia del acto para escuchar y actuar ante la realidad de la pobreza en la región, a pesar del crecimiento económico. Señaló que la carestía de la cesta de la compra y el acceso a la vivienda siguen siendo obstáculos significativos para muchos trabajadores.
Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social, enfatizó que el objetivo de este día es visibilizar las desigualdades y que las administraciones deben emplear las herramientas necesarias para minimizar la pobreza y la exclusión. Anunció la intención de su departamento de aprobar, junto a EAPN y otros sectores, la II Estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad social en Castilla-La Mancha, con un horizonte que se proyecta hasta 2030. García Torijano resaltó que, aunque la tendencia es positiva, la región aún se sitúa por encima de la media nacional en cuanto a tasas de riesgo de pobreza y exclusión social.
