La Audiencia Provincial de Toledo tiene programado para el próximo miércoles, 11 de diciembre, a las 10:00 horas, el juicio contra J.F.P., un individuo acusado de un presunto delito continuado contra la Seguridad Social, con un importe estimado de defraudación que asciende a aproximadamente 122.000 euros. Las acusaciones se centran en su responsabilidad como administrador de la empresa ‘Rejillas Castilla-La Mancha S.L.’ y en su condición de autónomo, donde presuntamente eludió el pago de las cuotas que le correspondían.
La Fiscalía ha informado que la supuesta defraudación incluye eludir el pago de cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta de la mencionada empresa, de la que J.F.P. era administrador y único responsable. Según los datos proporcionados, la cantidad defraudada durante los años 2016 a 2020 alcanzaría los 72.562,30 euros, a pesar de que la empresa continuó operando y manteniendo a sus empleados durante ese tiempo.
Además, se le acusa de no haber satisfecho sus propias cuotas como autónomo, lo cual suma un importe que supera los 50.000 euros. La Fiscalía sostiene que la defraudación se llevó a cabo mediante la utilización de personas interpuestas, para ocultar la identidad del verdadero obligado frente a la Seguridad Social.
De acuerdo con el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la empresa ‘Rejillas Castilla-La Mancha S.L.’ fue constituida el 19 de enero de 2016, con un capital social de 3.100 euros, y J.F.P. fue designado como su administrador único. La actividad principal de la mercantil se centra en la fabricación de elementos de hormigón para la construcción, operando desde un domicilio en Nambroca y un centro de trabajo en Mora. Desde el inicio de sus operaciones, se ha documentado un impago sistemático de las cuotas sociales desde mayo de 2016, un mes después de dar de alta a su primer trabajador.
La Fiscalía no solo solicita una pena de cárcel para J.F.P., sino que también pide una multa de 137.512,6 euros para él como administrador de la mercantil y la misma cantidad a la empresa, lo que elevaría el total de sanciones a más de 275.000 euros.
