La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este martes y miércoles, días 15 y 16 de noviembre, al alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor Muñoz, por un delito de falsedad en documento oficial, por el que el Fiscal pide una pena de cuatro años de prisión, multa de veinte meses a razón de doce euros de cuota diaria e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años.
Según el escrito de acusado, recogido por Europa Press, los hechos se remontan a un escrito fechado el 4 de marzo de 2009, cuando el acusado, en calidad de alcalde de la localidad de Navalcán (Toledo), solicitó tres subvenciones a la Diputación Provincial de Toledo para la realización de unas obras de mejoras que habrían de llevarse a cabo en la denominada ‘Dehesa de Calabazas’, finca rústica de propiedad municipal.
Las obras consistían en instalación del sistema de goteo, instalación eléctrica y cerramiento, consistente la primera de ellas en realizar el mismo y en poner tuberías principales secundarias y goteros «sin que se hablase para nada de perforación»; la segunda en la instalación eléctrica con transformador para abastecer de energía eléctrica a la ‘Dehesa de Calabazas’, instalándose postes, línea y transformador y conducción de línea; y la tercera de ellas en el cerramiento de la finca con malla cinegética de menos de dos metros de altura, como medida de protección de la finca de amenazas externas o ganado, entre otras.
El 29 de octubre de ese año, la Diputación de Toledo realizó una transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Navalcán por importe de 33.333 euros, como subvención a las instalaciones antes mencionadas.
Sin haberse realizado las instalaciones de goteo, eléctrica y cerramiento, el acusado, en su calidad de alcalde de Navalcán en escrito fechado el 9 de octubre de 2009, declaró y firmó bajo su responsabilidad que «la inversión para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su integridad», faltando así de manera consciente y deliberada a la verdad, según el Ministerio Fiscal, que indica que en dicho escrito se añadió «habiendo sido destinadas todas las aportaciones económicas a la inversión objeto de la subvención».
Según el Ministerio Público, se desconoce el destino que el acusado dio a los 33.333 euros enviados por la Diputación para las instalaciones referidas, al no haberse destinado a los fines solicitados.
