La Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio este martes, 5 de noviembre, en el que L.S.P.L., un empresario del sector de la construcción procedente de Illescas, se enfrenta a acusaciones de fraude contra la Seguridad Social. Este delito, según los cargos, se cometió entre los años 2015 y 2018, y se le atribuye una cuantía total de 397.319,29 euros. La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión, además de una multa que asciende a 1.531.786,36 euros.
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, L.S.P.L. adquirió una empresa constructora en 2009 y actuó como autónomo en la construcción de viviendas residenciales entre 2014 y 2018. Durante este periodo, el empresario dejó de ingresar sus cuotas de autónomo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), acumulando una deuda de 10.099,78 euros entre julio de 2015 y julio de 2018.
La acusación sostiene que, a pesar de ser consciente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, L.S.P.L. optó por no abonar las cotizaciones que correspondían a sus empleados. La cantidad adeudada por estas cotizaciones se eleva hasta 382.946,59 euros, un montante que, sumando principal, intereses y recargos, alcanza los 387.209,51 euros. Además, se indica que el empresario no tomó medidas para regularizar su situación, como solicitar aplazamientos o acceder a financiamiento alternativo.
La Fiscalía también menciona varios nombres de trabajadores que fueron dados de alta a pesar de que el acusado no cumplió con sus obligaciones de cotización. En consecuencia, el organismo judicial considera que se trata de un delito agravado que justifica la pena solicitada. Si se lleva a cabo una condena, además de la prisión y la multa, se contempla la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante la duración de la condena y la responsabilidad subsidiaria en caso de impago.
Por último, la Fiscalía reclama una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 398.046,37 euros, más los intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil. Así, la situación legal del acusado se encuentra en un punto crítico mientras se espera el desarrollo del juicio.
